Alarma en el sector: Perú bate récord en exportación de oro ilegal, superando los US$ 7,000 millones en 2024
Fuente: Colectivo PAS
Informes revelan un incremento del 20% en el volumen de oro ilegal exportado, generando pérdidas millonarias en impuestos y fortaleciendo a las redes criminales.
Un nuevo informe ha encendido las alarmas en el sector empresarial peruano, revelando un preocupante récord en la exportación de oro ilegal durante el año 2024. Según datos recientes, el país habría perdido el control sobre la extracción y comercialización ilícita del metal precioso, alcanzando la cifra de 92 toneladas exportadas, lo que representa un aumento del 20% en comparación con las 77 toneladas registradas en 2023.
El valor estimado de este volumen de oro ilegal en el mercado internacional superó los US$ 7,000 millones. Lo más alarmante para la economía formal es que esta vasta cantidad de oro salió del país sin generar ningún tipo de impuesto ni beneficio para el Estado, sino todo lo contrario, impulsando actividades ilícitas y debilitando la recaudación fiscal.
La situación pone de manifiesto la creciente fortaleza de las redes criminales que operan en la minería ilegal, aprovechando la falta de control y la porosidad de las fronteras para la salida de este valioso recurso. La ausencia de regulación y fiscalización efectiva no solo implica pérdidas económicas significativas para el país, sino que también conlleva graves consecuencias ambientales y sociales en las zonas de extracción.
Este alarmante récord subraya la urgente necesidad de implementar medidas más robustas y efectivas por parte de las autoridades para combatir la minería ilegal en todas sus etapas, desde la extracción hasta la comercialización y exportación. El sector empresarial formal demanda acciones concretas que garanticen la trazabilidad del oro, fortalezcan los controles aduaneros y sancionen severamente a quienes participan en estas actividades ilícitas.
La pérdida de miles de millones de dólares en ingresos fiscales, sumada al impacto negativo en la imagen del país y al fortalecimiento de la criminalidad, exige una respuesta inmediata y coordinada entre el gobierno, las empresas formales y la sociedad civil para frenar esta tendencia y recuperar el control sobre un recurso natural estratégico para el Perú.