Poderosa acusa al MININTER por demoras en estación policial

Fuente: Gestión

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Pataz, La Libertad – [Fecha] – La región de Pataz, conocida por su actividad minera, se ha convertido en escenario de una ola de violencia que ha dejado muertos y heridos en las concesiones de la Minera Poderosa. En un comunicado reciente, la empresa denunció un segundo ataque armado en menos de 24 horas, lo que evidencia la grave situación de inseguridad que se vive en la zona.

Ataques armados y víctimas

El primer ataque ocurrió en la madrugada del viernes 28, cuando un grupo armado irrumpió en las instalaciones de la minera, dejando como saldo un trabajador minero artesanal fallecido y alrededor de 50 heridos, quienes fueron trasladados a un centro de salud cercano. Horas más tarde, alrededor de las ocho de la noche, un nuevo contingente de mineros ilegales, en colaboración con elementos criminales, atacó a otro grupo de mineros artesanales.

«Producto de esta vil emboscada, dos personas perdieron la vida y otros diez resultaron heridos, tres de ellos con pronóstico reservado», señaló la empresa en un comunicado. Además, se confirmó que uno de los heridos falleció posteriormente.

Situación de emergencia y falta de acción gubernamental

La situación en Pataz es crítica, y la zona se encuentra en estado de emergencia desde hace 13 meses. A pesar de las diez prórrogas del estado de emergencia, la violencia persiste y ya se registran seis fallecidos en lo que va del año.

Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, criticó la inacción del gobierno ante la minería ilegal. «En el último medio año, no ha habido ninguna interdicción contra las bocaminas y plantas ilegales. Igualmente, nuestros reiterados pedidos para que la policía entre a las galerías a desalojar a los mineros ilegales no han tenido respuesta alguna», declaró de la Flor.

Avances en la estación policial y preocupación por el traslado de mineral ilícito

A pesar de la falta de acción en otros frentes, la empresa minera informó que la construcción de la estación policial en Pataz, anunciada por el gobierno a mediados de enero, avanza aceleradamente. La infraestructura temporal incluye una base operativa central y tres puestos de control.

«Sin embargo, es necesario que el Ministerio del Interior (Mininter) cumpla con los procedimientos administrativos para asegurar la asignación del personal y la puesta en funcionamiento, algo que no ha ocurrido hasta ahora», criticó de la Flor.

Además, expresó su preocupación por el traslado de mineral de origen ilícito desde Pataz hacia la costa, lo que evidencia la falta de control en la zona.

Llamado a la acción

La situación en Pataz exige una acción urgente por parte del gobierno para garantizar la seguridad de los trabajadores mineros y la población en general. La falta de control y la inacción ante la minería ilegal están generando un clima de violencia e inseguridad que debe ser abordado de manera inmediata.

 

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    Sin decisión política, perdemos el pais.

    Vidalón Guillermo: Comunicador Social especialista en la Industria Extractiva

    El asesinato de mineros en la provincia de Pataz debe llamarnos a reflexión desde los actores políticos, los gremios de trabajadores, empresariales, instituciones académicas, religiosas y todos aquellos que se quieren sumar a una cruzada por el restablecimiento de la ley y el orden, bases sobre las cuales se puede emprender con certeza la construcción de un país más justo, integrado y próspero.

    Cuando el Perú derrota al terrorismo en las décadas del 80 y 90 del siglo XX, hubo una conjunción de factores, el principal fue el hartazgo, la indignación de un país que se veía a la deriva y que sabía que no había otro camino que restablecer la paz; por eso, aprobó la adopción de medidas excepcionales para hacer frente al fenómeno de la subversión.

    Lo que hoy conocemos como prácticas extorsivas por parte de las organizaciones criminales, en la época de la violencia fue romantizado como “exacciones revolucionarias”, el asesinato fue denominado como “el costo social de la revolución”.  En el fondo no eran más eufemismos que trastocaban los valores de los jóvenes, muchos de ellos universitarios, promesas de sus familias para lograr legítimamente condiciones de una vida mejor; pero, estos jóvenes defraudaron a sus familias porque sus mentes fueron envenenadas por una mentalidad criminal.

    Lo que permitió la derrota de la subversión fue, como decíamos líneas arriba, el hartazgo social y, en adición, la reserva moral de quienes siempre tienen en mente que el bien vencerá al mal, que el pecado no logrará imponerse y que la convicción en un ser superior eleva a las personas y a la sociedad hacia un camino de ascenso moral con consecuencias económicas favorables para todos.

    Si el gobierno no toma decisiones oportunas a la altura de las circunstancias, le corresponde a la reserva moral del país salir al frente y manifestar que esta situación no puede continuar, solo así las fuerzas del orden se sentirán respaldadas para actuar con la energía que se requiere. En hechos de conflicto pueden ocurrir excesos, es un riesgo, pero es preferible asumirlos a perder el país. En ningún lugar del mundo al liberador de rehenes se les condena, todo lo contrario, se les premia y reconoce, eso corresponde a la sociedad hacer con la Policía Nacional y las Fuerzas del Orden.

    En la actualidad, la reserva moral de la sociedad tiene al frente una oportunidad histórica emanada del ciclo electoral del 2026, centrar el debate político en cómo derrotar a las bandas criminales convocando a todas las instituciones del estado y de la sociedad civil, la autonomía de algunas instituciones no puede ser óbice para abstenerse de participar. La violencia ya está tocando las puertas de la ciudadanía y no es aceptable fallarle al presente ni al futuro de las próximas generaciones.

    Gracias por leerme, favor compartir. No es momento de silencios sino de actuar.

    Caso Pataz: Ministerio Público avanza en diligencias para identificar a responsables de masacre minera

    Fuente: Rumbo Minero

    Pataz, La Libertad – Tras el brutal ataque que cobró la vida de 13 trabajadores de la empresa contratista R&R, que prestaba servicios a la Compañía Minera Poderosa, la Fiscalía Provincial Corporativa Mixta de Pataz ha intensificado las diligencias investigativas para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables del secuestro agravado y homicidio.

    Enrique Valverde Cabrera, titular de la fiscalía provincial a cargo del caso, informó que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue de Trujillo, donde se llevaron a cabo los procedimientos de identificación y las necropsias médico-legales. Estos análisis forenses son cruciales para determinar las causas exactas de la muerte y obtener pruebas relevantes para la investigación penal.

    Como parte de las acciones en el lugar de los hechos, la Fiscalía ordenó la incautación de municiones percutadas y artefactos explosivos hallados en tres accesos a la zona conocida como Rampa Yuli, donde fueron encontrados los cadáveres. Este material probatorio será sometido a exhaustivas pericias balísticas forenses por parte de la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Trujillo.

    El Ministerio Público, a través de un comunicado, reafirmó su firme compromiso con la búsqueda de justicia en este caso que ha generado conmoción a nivel nacional. La institución aseguró que no cejará en sus esfuerzos hasta lograr la identificación y el procesamiento de todos los involucrados en este crimen. Asimismo, la Fiscalía enfatizó que mantendrá una coordinación directa y estrecha con la Policía Nacional del Perú para acelerar la identificación de los autores de la masacre.

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