Fuente: Rumbo Minero

Perú, Chile y Canadá, tres de los principales proveedores de cobre a Estados Unidos, han expresado su firme oposición a la imposición de posibles aranceles por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Los tres países argumentan que sus exportaciones de cobre no representan una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y, por lo tanto, no deberían ser objeto de medidas arancelarias.

Esta postura conjunta surge en un contexto de creciente tensión comercial entre Estados Unidos y sus socios, tras la decisión de Trump de iniciar una investigación bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Esta ley, utilizada anteriormente para imponer aranceles al acero y aluminio, ahora se aplica al cobre, un metal esencial en sectores como la construcción, el transporte y la electrónica.

Los tres países latinoamericanos, que en conjunto abastecen el 94% de las importaciones estadounidenses de cobre refinado y aleaciones de cobre, han enviado cartas al Departamento de Comercio de EE.UU. para defender sus intereses. Chile, el mayor productor mundial de cobre, representa el 70% de estas importaciones, seguido por Canadá (17%) y Perú (7%). Los tres países mantienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos.

El embajador de Chile en Washington, Juan Valdés, afirmó en su carta que «las importaciones de cobre de Chile contribuyen a la seguridad de la cadena de suministro de Estados Unidos y no representan ningún riesgo para sus intereses de seguridad nacional». Esta posición es respaldada por la Cámara de Comercio Chile-Estados Unidos (AmCham), que advierte que los aranceles podrían beneficiar a China, el principal consumidor mundial de cobre chileno.

El gobierno canadiense, por su parte, argumentó que mantener el libre comercio del cobre fortalecería la seguridad de Estados Unidos, dado el uso del metal en industrias de defensa. De manera similar, el Ministerio de Comercio Exterior de Perú solicitó a Washington que excluyera a su país de las restricciones, enfatizando que sus exportaciones no representan riesgos para la seguridad estadounidense.

Incluso Freeport-McMoRan, una de las mayores productoras de cobre a nivel mundial con operaciones en los tres países, expresó su preocupación por el impacto negativo que los aranceles podrían tener en la economía global. La empresa advirtió sobre una posible «guerra comercial global» que ralentizaría el crecimiento económico y aumentaría los costos de producción.

La investigación de la Sección 232, que busca contrarrestar la influencia de China en el mercado mundial del cobre, debe concluir en un plazo de 270 días. Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha revelado los resultados preliminares del análisis.

La postura unificada de Perú, Chile y Canadá refleja la importancia del mercado estadounidense para sus exportaciones de cobre y su preocupación por el impacto negativo que los aranceles podrían tener en sus economías.