Fuente: El Comercio

La consternación y la exigencia de medidas urgentes se apoderan del sector empresarial y laboral del país tras el brutal asesinato de 13 trabajadores en la provincia de Pataz. Los gremios, en un enérgico comunicado conjunto, condenaron este acto de barbarie perpetrado por una banda criminal presuntamente ligada a las mafias de la minería ilegal, evidenciando la creciente amenaza que representa el crimen organizado para la actividad económica y la seguridad en el Perú.

Las principales organizaciones empresariales y sindicales, incluyendo Adex, Canatur, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la CGTP, Perúcamaras, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y la Plataforma Nacional Gremios Mipymes, alzaron su voz de manera unánime. En su declaración, manifestaron su profunda preocupación por el «alarmante grado de violencia e impunidad» alcanzado por el crimen organizado en zonas dominadas por economías ilícitas, a pesar de la vigencia del Estado de Emergencia y la presencia militar en la región.

Los gremios fueron enfáticos al señalar que este trágico suceso no constituye un hecho aislado, sino la «consecuencia directa de la ausencia de una política integral, firme y eficaz del Estado frente a la criminalidad organizada», así como del mantenimiento de mecanismos como el cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La gravedad de la situación se extiende más allá del sector minero. «No solo los empresarios y trabajadores mineros se ven constantemente amenazados y agredidos por los criminales, sino también los trabajadores de todos los sectores, así como los empresarios y emprendedores de todo el país», advirtieron las organizaciones firmantes, delineando un panorama de creciente inseguridad que impacta transversalmente en el tejido empresarial peruano.

Ante este escenario crítico, trabajadores y empresarios lanzaron un llamado apremiante al Gobierno para que asuma con «responsabilidad, liderazgo y decisión» el desafío de reprimir y erradicar el crimen organizado que se enquista en diversas regiones del país.

En su comunicado, los gremios demandaron la urgencia de «diseñar e implementar una política pública coherente» que permita no solo combatir frontalmente la criminalidad, sino también promover una formalización genuina, transparente y sostenible del sector minero, en beneficio del conjunto de la ciudadanía. «El Perú necesita un Estado presente, con autoridad y capacidad para proteger la vida, el trabajo digno y el desarrollo formal», concluyeron, marcando una clara línea de exigencia hacia las autoridades para restablecer el orden y la seguridad necesarios para un clima de negocios estable y próspero.