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Fuente: Gestión
La postergación en el Congreso de la República de la aprobación de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) genera creciente preocupación en el sector minero formal, en un contexto de urgencia por establecer un marco regulatorio claro que impulse la formalización y fortalezca la lucha contra la minería ilegal, especialmente en zonas críticas como Pataz.
Según fuentes consultadas, la lentitud en el debate y la falta de consenso en el Parlamento impiden la concreción de una normativa que el sector considera crucial para ordenar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal, integrándolas a la economía formal y dotándolas de herramientas para operar bajo estándares de sostenibilidad y legalidad.
Representantes de gremios mineros han manifestado su inquietud ante la persistente informalidad que alimenta economías ilegales y genera graves problemas de seguridad, como se evidencia en la reciente crisis en Pataz. La falta de una Ley MAPE actualizada y eficiente dificulta la trazabilidad de la producción, fomenta la competencia desleal y obstaculiza los esfuerzos por erradicar la minería ilegal, que representa un significativo costo para el país.
Si bien existen iniciativas y propuestas en discusión, la falta de una decisión final en el Congreso mantiene en vilo a miles de pequeños mineros y mineros artesanales que buscan la formalización, así como a las empresas formales que operan en un entorno desafiante marcado por la presencia de la ilegalidad.
La urgencia de la Ley MAPE se intensifica ante la necesidad de establecer reglas claras para el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo que ha sido objeto de debate y que, según diversos actores, requiere una revisión profunda para asegurar su efectividad y evitar su uso indebido por parte de la minería ilegal.
El sector empresarial minero reitera su llamado al Congreso de la República para que priorice el debate y la aprobación de la Ley MAPE, considerando su impacto directo en la economía regional, la seguridad jurídica y la lucha frontal contra las actividades mineras ilícitas que tanto daño generan al país. La formalización de la pequeña minería y la minería artesanal se presenta como un paso fundamental para construir un sector minero más transparente, responsable y sostenible en el largo plazo.
