Fuente: Gestión

Mientras el oro ilegal fluye con impunidad, 13 trabajadores han sido asesinados bajo la protección institucional del crimen. ¿Qué implicaciones tiene esto para la inversión y la estabilidad regional?

La reciente y trágica muerte de 13 trabajadores en la zona minera de Pataz no solo enluta al sector, sino que también expone una preocupante realidad para el clima de negocios en el Perú. La aparente incapacidad del Estado para imponer el orden en áreas donde la minería ilegal prolifera genera serias interrogantes sobre la seguridad jurídica y la predictibilidad para las inversiones formales.

La situación en esta provincia de la sierra liberteña, marcada por la emergencia y la inacción estatal, no es un hecho aislado. Denuncias previas y la escalada de violencia hasta el fatídico suceso de diciembre de 2023, donde otros 9 trabajadores perdieron la vida, pintan un panorama de creciente inseguridad que impacta directamente en la operatividad de las empresas y la confianza de los inversores.

Desde el Congreso se alzan voces demandando una intervención más enérgica del Ejecutivo, reconociendo la urgencia de abordar la minería ilegal no solo como un problema de seguridad, sino también como un factor que distorsiona la economía, fomenta la corrupción y socava el estado de derecho. Las cifras son alarmantes: se estima que la minería ilegal moviliza miles de millones de dólares anualmente, recursos que escapan al control fiscal y a la inversión en desarrollo sostenible.

La indignación pública crece ante la aparente falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades. La legalización fallida de operaciones informales, lejos de solucionar el problema, parece haber envalentonado a las mafias, que actúan con impunidad ante la mirada pasiva de un Estado que no logra hacer valer su autoridad.

Esta falta de gobernanza no solo tiene un costo humano irreparable, sino que también genera un ambiente de incertidumbre que desincentiva la inversión formal y responsable. ¿Cómo puede prosperar un clima de negocios donde la ley no se aplica y la vida de los trabajadores no está garantizada?

La persistente inacción estatal frente a la minería ilegal envía un mensaje peligroso: que, en ciertas zonas del país, la ley es letra muerta. Esto no solo afecta a la región de Pataz, sino que proyecta una imagen de debilidad institucional que puede disuadir a inversores nacionales e internacionales, impactando negativamente en el crecimiento económico del país.

Pataz es hoy el espejo de un desafío mayor que el Perú debe superar para asegurar un desarrollo económico sostenible y equitativo: la consolidación de un estado de derecho que garantice la seguridad y la justicia para todos.