Fuente: Rumbo Minero
La expansión de la minería ilegal en Perú ha alcanzado un punto crítico, amenazando con debilitar aún más la institucionalidad en el sector extractivo. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), el valor de las exportaciones de oro de origen ilegal podría alcanzar por primera vez en 2025 los US$ 12 mil millones, igualando a las exportaciones legales del mineral. De mantenerse la tendencia, advierten, estas incluso podrían superarlas, ya que desde 2019, los envíos de oro ilegal se han multiplicado por cuatro, mientras que los legales solo se han duplicado.
Este lunes se llevará a cabo la tercera mesa de diálogo entre el Estado y representantes de la minería artesanal e informal, en un contexto de creciente preocupación por este fenómeno.
Contrabando por la frontera sur y auge de procesadoras opacas
Uno de los principales canales de salida del oro no registrado es la frontera con Bolivia. Datos oficiales del país vecino, analizados por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, han revelado exportaciones inusuales de oro desde 2011, muchas de ellas atribuibles al contrabando desde Perú. La situación se complica con el crecimiento sostenido de las cooperativas mineras bolivianas, que operan con escasa supervisión ambiental y laboral.
La Fundación Milenio señala que muchas de estas organizaciones bolivianas funcionan fuera del control estatal y, paradójicamente, pagan mejores regalías que los mineros formales. Como agravante, en 2023, el Banco Central de Bolivia fue autorizado a comprar oro directamente a las cooperativas, generando un nuevo canal para el blanqueo de mineral ilícito. Como resultado, la producción de oro de Bolivia se ha cuadruplicado en 15 años, con una fuerte dependencia de material proveniente del Perú.
El escenario también se ve afectado por el crecimiento exponencial de empresas en las fases posteriores a la extracción. En un contexto de altos precios internacionales y escasa fiscalización, las empresas procesadoras y comercializadoras de oro se han triplicado en comparación con la década pasada. En 2025, cada mes se crean en promedio 82 procesadoras y 58 comercializadoras.
Esta tendencia también se replica en el sector cuprífero. El número de plantas de beneficio para cobre se ha triplicado entre 2015 y 2025, con regiones como Arequipa, Puno e Ica mostrando las mayores tasas de crecimiento. Este fenómeno está asociado a una mayor participación de actores informales en la cadena de valor y a una débil capacidad estatal para controlar los flujos de producción.
Operaciones sospechosas y debilidad del Estado en zonas mineras
El crecimiento de la minería ilegal también se evidencia en el aumento de operaciones financieras sospechosas reportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Entre 2020 y 2024, el promedio anual de reportes vinculados a minería ilegal fue cinco veces mayor que entre 2015 y 2019. Solo en el primer semestre de 2025, el número ya representa el 88% del promedio anual del último quinquenio.
Este avance ocurre en territorios con baja densidad estatal, de acuerdo con el Índice de Densidad del Estado (IDE) del PNUD. El acceso a servicios básicos como salud, educación, agua potable y seguridad ha disminuido o mejorado muy lentamente en distritos con fuerte presencia de minería aurífera no formal, especialmente en regiones como Madre de Dios y La Libertad.
Urge una estrategia integral y transfronteriza
Expertos coinciden en que enfrentar esta problemática exige mucho más que formalizar operadores. Se requiere una estrategia nacional integral basada en:
- Recuperación efectiva del Estado en territorios vulnerables.
- Trazabilidad estricta del oro en todas sus fases.
- Control fronterizo reforzado, especialmente con Bolivia.
- Articulación internacional con países vecinos.
- Desarrollo económico alternativo en zonas afectadas por la minería ilegal.
La falta de acción o respuestas parciales podría derivar en acuerdos políticos que legitimen prácticas en contra del interés nacional, socavando la sostenibilidad de la minería legal y formal en el Perú.
