Fuente: Perú 21
Lima, Perú – Cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas (Minem) revelan una preocupante disparidad entre la producción y la exportación de oro en el país, lo que ha generado inquietud entre analistas, especialmente de cara a las próximas elecciones generales. Los datos del primer trimestre del año ya muestran una contracción de más del 10% en la producción de oro.
En febrero, mientras la producción de oro registrada por el Minem se situó en 7’804,871 gramos finos, las exportaciones del mismo metal alcanzaron los 15’753,911 gramos finos. Este significativo contraste indica que cerca del 50% del oro exportado no se encuentra reflejado en los registros oficiales de producción.
Esta situación, que el Minem busca mitigar a través del registro de formalización minera a pesar del avance descontrolado de la minería ilegal, se evidencia en las propias estadísticas del ministerio. La brecha entre la producción y la exportación de oro se ha más que duplicado en la última década.
Si bien podría especularse sobre la existencia de un sobrestock acumulado, los datos históricos desmienten esta hipótesis, ya que este patrón se repite consistentemente durante al menos diez años. Un dato aún más alarmante es que en 2015, el porcentaje de oro exportado sin registro era de solo el 23%. Esto suscita una interrogante fundamental: ¿cuál es la procedencia del excedente de oro que se comercializa en el extranjero?
Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), advirtió a Perú21 que aproximadamente el 50% del oro que exporta el país tiene su origen en la minería ilegal, lo que implica una significativa pérdida de ingresos tributarios para el Estado. Adicionalmente, esta actividad opera al margen de los derechos laborales, exponiendo a los trabajadores a condiciones precarias y desprotegidas. En sus palabras, se trata de una minería que «ensucia, contamina y abusa».
«El problema es que el Perú no gana nada con eso. Por el contrario, pierde. Se estima que el valor de lo producido por la minería ilegal bordea entre US$10,000 millones y US$12,000 millones al año, y nada de eso se destina a hospitales, escuelas o infraestructura que beneficie al país», explicó Gálvez.
En la misma línea, el exviceministro de Minas Guillermo Shinno señaló que la minería ilegal obstaculiza el cierre de la brecha social en diversas regiones, beneficiando únicamente a grupos reducidos.
Los analistas han advertido que el avance de la minería ilegal está directamente relacionado con la reducción de la producción legal, que experimentó una caída interanual del 10.9% en el primer trimestre. Además, recordaron el impacto directo en empresas formales como La Poderosa en Pataz, que ha sido víctima constante de la criminalidad, sufriendo daños materiales e incluso la pérdida de vidas humanas.
«La minería ilegal se ha expandido gracias al Reinfo, con el apoyo de varios gobernadores regionales que incluso figuran en ese registro. Por eso, con las medidas actuales que se están dictando, no creo que se logre una verdadera reducción de esta actividad», comentó Gálvez.
Para Shinno, el riesgo de que el problema se agrave es considerable, especialmente en el contexto de las próximas elecciones generales. «Habrá financiamiento ilegal y candidatos que llegarán con la promesa de seguir ampliando el Reinfo», alertó.
Ante este panorama, Shinno propuso un cambio de estrategia en las acciones de control: «Hay que comenzar a fiscalizar las plantas, porque desde ahí podemos rastrear el origen del oro ilegal. No debemos concentrarnos únicamente en los pequeños mineros».
El exviceministro concluyó señalando que la minería ilegal no solo perjudica la producción nacional, sino también la imagen del Perú a nivel internacional, generando incertidumbre y disuadiendo a potenciales inversores.
