Fuente: Rumbo Minero
El Ministerio Público ha identificado diez zonas críticas a lo largo del Perú donde la minería ilegal avanza de manera alarmante y sin un control estatal efectivo, generando un riesgo de violencia comparable al experimentado en Pataz (La Libertad). Estas regiones son Sapillica (Piura), Condorcanqui (Amazonas), La Pampa (Madre de Dios), Arequipa, Cajamarca, Ayacucho, Ucayali, Loreto, Lambayeque y Cusco.
Frank Robert Almanza Altamirano, fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), advirtió a El Comercio que «existen al menos 10 potenciales Pataz» que, si bien no han registrado masacres de la misma magnitud, enfrentan riesgos similares.
La situación en Madre de Dios es particularmente grave, con más de 102 mil hectáreas deforestadas por la minería ilegal. Solo entre 2021 y septiembre de 2023, se perdieron 23,881 hectáreas en el corredor minero. En enero pasado, se encontraron cinco cadáveres en el «Valle del Castigo», una zona dominada por mafias que brindan «seguridad» a las operaciones ilegales.
En Condorcanqui (Amazonas), la minería ilegal de oro amenaza directamente a las comunidades nativas awajún, estimándose que diariamente salen ilegalmente 100 toneladas de material aurífero hacia Ecuador.
A pesar de la gravedad del problema, las FEMA enfrentan una severa falta de recursos para llevar a cabo intervenciones efectivas. El fiscal Almanza denunció la carencia de presupuesto operativo básico.
La situación se agrava por los vacíos legales existentes. El Código Penal peruano solo sanciona la extracción no autorizada, dejando impunes etapas cruciales como el transporte, almacenamiento, comercialización y exportación del oro ilegal.
En lo que va de 2025, las fiscalías ambientales han iniciado 702 investigaciones por minería ilegal y delitos conexos, cifra que ascendió a 3,048 en 2024. Sin embargo, solo un reducido número de casos corresponden a delitos de financiamiento y tráfico de insumos. El fiscal Almanza también alertó sobre la imposibilidad de intervenir en plantas de procesamiento o joyerías donde se «blanquea» el oro, ya que estas actividades no están tipificadas como minería ilegal.
El abogado penalista Augusto Linares criticó la debilidad y politización del sistema de control, proponiendo que la supervisión recaiga en un órgano autónomo en lugar de las DREM.
Si bien el reciente Decreto Supremo N.º 009-2025-EM busca rastrear el origen del oro en las plantas de beneficio, la trazabilidad sigue siendo limitada. Además, la falta de aprobación de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, sumada a cambios legislativos recientes, debilita aún más la lucha contra el crimen organizado vinculado a esta actividad ilícita.
«Con la nueva ley, prácticamente nos quitaron la extinción de dominio y elevaron la valla para investigar minería ilegal como crimen organizado. Estamos quedándonos sin herramientas», concluyó el fiscal Almanza.
