Fuente: Gestión
El centro minero de Atico, en la provincia de Caravelí (Arequipa), se ha convertido en un nuevo punto crítico de conflicto, donde mineros en vías de formalización de las bases Calpa Renace y Atico Calpa (inscritas en el Reinfo) denuncian el avance sistemático de la minería ilegal. Aseguran que grupos ilegales buscan tomar por la fuerza los socavones en los que han realizado inversiones significativas.
La situación evoca lo ocurrido recientemente en Pataz (La Libertad), donde 13 mineros fueron asesinados. Atico, que ya vivió un episodio de violencia extrema en 2022 con 14 fallecidos, se perfila como un nuevo polvorín en el sur del país, generando alarma entre autoridades locales y trabajadores.
Representantes de ambas bases mineras han denunciado múltiples amenazas, intimidaciones y ataques a su infraestructura. Daniel Huallichiquera, de Atico Calpa, expresó su temor ante posibles emboscadas en los socavones. Testimonios recogidos por Panorama señalan que los mineros ilegales estarían organizados y armados, con el objetivo de controlar los campamentos artesanales, recurriendo a la quema de vehículos, extorsiones y coacción a trabajadores. Cristian Laura López, de Calpa Renace, manifestó su temor ante la llegada de «mafias» que buscan apropiarse de la inversión de los trabajadores.
Ante la escalada de tensión, el alcalde de Atico, Julio Candia, ha solicitado la declaración de estado de emergencia para evitar una repetición de la tragedia de 2022. Sin embargo, las bases mineras muestran resistencia a esta medida, temiendo que se paralicen las actividades formales y se beneficie a concesionarios más grandes, como ocurrió en Pataz. Hugo Pacheco, abogado de Calpa Renace, señaló su preocupación por un posible mal uso del estado de emergencia y vinculó a Intigold Mining con la generación de este conflicto.
La disputa se centra en una concesión minera ocupada por ambas bases formales, quienes, a pesar de enfrentamientos pasados, aseguran estar unidas contra la amenaza común de la minería ilegal organizada. Pacheco denunció una campaña legal para eliminar estructuras de seguridad en las concesiones, lo que facilitaría el ingreso de personas inescrupulosas para favorecer la minería ilegal.
