De cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Natalia Montoya analiza las propuestas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda frente a la extracción ilícita de oro, una economía ilegal que ya representa uno de los mayores desafíos para el sector minero formal colombiano.
Por Natalia Montoya – Directora País de ProMinería Colombia
La minería ilegal de oro en Colombia no es solo un problema ambiental o de seguridad. Es también una amenaza directa para la minería formal, la inversión, la competitividad y el desarrollo de las regiones productoras.
Mientras una proporción mayoritaria del oro colombiano se extraiga y comercialice por fuera del marco legal, el mercado seguirá operando de manera distorsionada. La industria que cumple con la normativa ambiental, tributaria y laboral carga con un estigma reputacional que no le corresponde, mientras amplias zonas productoras permanecen bajo control de grupos armados y economías criminales.
A esa distorsión se suma un efecto menos visible, pero igual de determinante: la ilegalidad ahuyenta la inversión, erosiona la competitividad de las empresas formales y frena el desarrollo de una minería responsable capaz de generar empleo, regalías y encadenamientos productivos en los territorios.
De cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda han incorporado el tema en sus programas, aunque desde diagnósticos distintos. Este análisis revisa qué propone cada uno y qué condiciones tendrían que cumplirse para que esas propuestas se traduzcan en resultados verificables.
La magnitud del fenómeno
La minería ilegal de oro ha alcanzado una escala crítica. Según informes citados en el análisis, el fenómeno compromete decenas de miles de hectáreas afectadas por explotación ilícita, contaminación con mercurio, presencia en múltiples departamentos y fuerte incidencia de estructuras criminales en zonas productoras.
El problema no se limita a la extracción. También involucra comercialización, lavado de activos, control territorial, afectación ambiental y ausencia de institucionalidad. En algunas regiones, el oro ilegal se ha convertido en una fuente de rentas tan atractiva como otras economías ilícitas, con menor riesgo relativo y alta capacidad de expansión.
La respuesta estatal ha mostrado resultados mixtos. Existen operaciones de intervención, destrucción de maquinaria y decomisos, pero la escala del fenómeno supera ampliamente la capacidad de respuesta inmediata. Cada enclave desmantelado representa apenas una fracción de una economía ilegal distribuida en buena parte del territorio nacional.
Dos enfoques frente al mismo problema
El escenario electoral plantea dos aproximaciones distintas.
Para Abelardo de la Espriella, la minería ilegal es principalmente un problema de seguridad nacional. Su propuesta se enfoca en recuperar el control territorial, fortalecer la acción de la Fuerza Pública, perseguir estructuras criminales y establecer plazos definidos para la formalización.
Uno de los puntos centrales de su planteamiento es diferenciar jurídicamente entre minería criminal, minería informal, minería de subsistencia y minería artesanal y de pequeña escala. Bajo esa lógica, propone un plazo de formalización y sanciones más contundentes para quienes permanezcan por fuera de la legalidad.
Su enfoque ofrece una señal clara de autoridad estatal y persecución a las economías criminales. Sin embargo, su efectividad dependerá de que la oferta de formalización sea real, rápida y técnicamente viable. Un plazo exigente, sin simplificación de trámites ni asistencia efectiva, podría terminar empujando hacia la ilegalidad a mineros que sí tienen voluntad de formalizarse.
Iván Cepeda, por su parte, aborda el problema desde una mirada económica, ambiental e institucional. Su propuesta plantea mecanismos como la compra estatal de oro a pequeños productores, la asociatividad, el monitoreo ambiental y una reforma normativa más amplia para el sector.
La lógica es disputar a los grupos armados el control de la comercialización, ofreciendo al minero artesanal una alternativa legal, trazable y económicamente competitiva. También propone fortalecer herramientas de inteligencia ambiental para detectar deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica.
Este enfoque tiene la ventaja de reconocer que la minería ilegal no se combate solo con fuerza pública, sino también con incentivos económicos y gobernanza territorial. No obstante, enfrenta un riesgo importante: sin control efectivo del territorio, cualquier sistema de compra estatal podría ser infiltrado por oro de origen criminal a través de intermediarios o productores de fachada.
Coincidencias y diferencias
Pese a sus diferencias ideológicas, ambos candidatos coinciden en puntos relevantes.
Los dos reconocen la necesidad de formalizar al pequeño minero. Ambos diferencian entre minería de subsistencia y estructuras criminales. Ninguno plantea criminalizar al minero tradicional que busca operar dentro de la legalidad. Y ambos incorporan la trazabilidad del mineral como una condición indispensable para depurar la cadena de comercialización.
La diferencia está en el instrumento.
De la Espriella privilegia la presión: recuperación territorial, plazos de formalización y sanción penal. Cepeda privilegia el incentivo: comprador estatal, asociatividad, monitoreo ambiental y reforma normativa.
La primera propuesta ofrece mayor certeza punitiva, pero requiere una institucionalidad capaz de formalizar sin ahogar al pequeño productor. La segunda ofrece una respuesta económica más amplia, pero necesita seguridad territorial para evitar que las rentas sigan llegando a los grupos armados.
La implementación será la verdadera prueba
La experiencia colombiana exige mirar ambas propuestas con cautela.
Los procesos de formalización minera han sido históricamente lentos. Requieren títulos, instrumentos ambientales, asistencia técnica y presencia institucional en regiones donde justamente el Estado suele tener mayores limitaciones. Sin simplificación administrativa y acompañamiento real, cualquier política de formalización puede quedarse en el papel.
La compra estatal de oro también enfrenta desafíos significativos. Para funcionar, debe garantizar trazabilidad, controles estrictos y capacidad para evitar que oro ilegal ingrese a la cadena formal. De lo contrario, el Estado podría terminar comprando mineral que sigue financiando economías criminales.
Además, existen variables que ningún programa controla por completo. El precio internacional del oro seguirá siendo un poderoso incentivo para la ilegalidad. La presión de los grupos armados no desaparecerá con una norma. Y la capacidad operativa del Estado requiere continuidad, presupuesto, inteligencia, justicia y cooperación internacional.
Por ello, la solución no puede depender únicamente de un plan de choque ni de un esquema de comercialización. Se requiere una política de Estado que combine seguridad, formalización, trazabilidad, justicia, inversión y desarrollo territorial.
Legalidad más rentable que ilegalidad
El debate presidencial de 2026 muestra un avance: ambos finalistas incorporan elementos que el sector y los especialistas vienen reclamando desde hace años, como diferenciación normativa, trazabilidad, formalización y recuperación del control estatal.
Sin embargo, la contundencia no se define en los programas, sino en la ejecución.
La propuesta de De la Espriella dependerá de que la recuperación territorial sea sostenible y de que el plazo de formalización esté acompañado por una oferta institucional proporcional. La propuesta de Cepeda dependerá de que el incentivo económico llegue antes que la presión de los grupos armados y de que el nuevo marco normativo no genere parálisis sobre la minería legal que el país necesita.
La segunda vuelta definirá el énfasis: seguridad o economía. Pero la prueba de fondo será común a ambos: lograr que extraer oro legalmente en Colombia sea más rentable, más seguro y más viable que hacerlo por fuera de la ley.
El gran reto no es únicamente reducir la ilegalidad. Es lograr que la legalidad sea más atractiva.
Combatir la minería ilegal no se agota en la fuerza pública ni en la formalización. También pasa por fortalecer las condiciones para que la minería formal pueda desarrollarse, atraer inversión y generar valor para las personas y comunidades de los territorios.
Mientras operar dentro de la ley siga siendo más costoso, más lento y más riesgoso que operar por fuera de ella, ningún plan de choque ni esquema de comercialización logrará revertir de forma sostenible la economía del oro ilícito.
Fuentes consultadas:
Para la elaboración de esta columna se revisaron informes y publicaciones de El Tiempo, la Procuraduría General de la Nación de Colombia, el Ejército Nacional de Colombia, la Registraduría Nacional, El Heraldo, La Silla Vacía, RTVC Noticias y Minería en Línea.
