El desarrollo de un proyecto minero en Perú toma en promedio 40 años desde la exploración hasta el inicio de la producción. Este extenso período se explica principalmente por la combinación de la excesiva tramitología y los desafíos técnicos intrínsecos de la geología peruana, que juntos suman el 75% de los retrasos.
Así lo advirtió Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante su presentación en el Foro TIS de PERUMIN 37. El informe, «De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú», elaborado a solicitud del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), expone los «cuellos de botella» que limitan la inversión.
El costo del retraso y la burocracia
El estudio del IPE identificó que el 60% del tiempo de desarrollo minero corresponde a la fase de exploración y estudios de factibilidad, un proceso que se ha duplicado desde el año 2000. Mientras en los 90s un proyecto demoraba 20 años en iniciar operaciones, hoy la espera es de cuatro décadas.
Gallardo atribuyó el retraso a los siguientes factores principales:
| Causa de retraso | Porcentaje de incidencia |
| Problemas de permisos (Tramitología) | 39% |
| Desafíos técnicos (Gestión de agua, energía) | 36% |
| Preocupaciones ambientales | 24% |
| Problemas comerciales | 26% |
| Oposiciones de actores involucrados | 17% |
El informe señala que el costo promedio de los descubrimientos mineros se ha triplicado en las últimas dos décadas, mientras que el porcentaje de descubrimientos que se convierten en operaciones activas es cada vez menor.
Recomendaciones y la urgencia de la simplificación
El IPE recomendó una agenda urgente para destrabar el sector:
- Simplificación de Trámites: Optimizar los tiempos de emisión de opiniones técnicas por parte de entidades clave como la ANA y SENACE.
- Gestión Social: Fortalecer las capacidades del MINEM para implementar un proceso único de consulta previa y mejorar las relaciones comunitarias.
- Modernización: Implementar el catastro nacional integrado y asegurar que la ejecución del canon minero se alinee efectivamente al cierre de brechas sociales.
Gallardo advirtió que proyectos emblemáticos como San Gabriel, Tía María, Pampa de Pongo y Zafranal, que ya acumulan años de espera, podrían elevar el promedio de desarrollo a más de 50 años si su ejecución se sigue postergando más allá de 2029. Finalmente, instó a un enfoque integral para combatir la minería ilegal, reforzando la presencia del Estado y garantizando la restitución de concesiones invadidas.
