El suspenso de Sulfuros Yanacocha.

Fuente Semana Económica y Edgardo Portaro
Yanacocha Sulfuros: Newmont pospone indefinidamente la inversión de US$2,500 millones
El reciente anuncio de la norteamericana Newmont Corporation sobre la postergación indefinida de su inversión en el proyecto Yanacocha Sulfuros ha generado incertidumbre en el sector minero peruano. El proyecto, valuado en US$2,500 millones, buscaba extender la vida útil de la mina Yanacocha más allá del 2040, pero ahora queda en suspenso.
Desde 2022, Yanacocha Sulfuros ha experimentado retrasos, pero esta vez la compañía ha sido clara al señalar que priorizará proyectos más rentables, un criterio en el que Yanacocha no sobresale.
Según el ex viceministro de Minas, Augusto Cauti, el proyecto requiere una significativa inversión de capital, ya que involucra la explotación a mayor profundidad. Además, los factores sociales y comunitarios, junto con experiencias negativas en proyectos anteriores como Conga y Cerro Quilish, también habrían influido en la decisión, según Marcial García, líder de minería y metales de EY Perú.
Otro aspecto determinante es el reciente enfoque de Newmont en proyectos auríferos, tras la adquisición de la australiana Newcrest en 2023. “Con esa compra, formó el conglomerado más grande de una empresa minera de oro”, señala Cauti.
El contexto minero local tampoco ayuda. La burocracia, los conflictos sociales y la minería ilegal siguen siendo trabas importantes. “Es un análisis de riesgo país. Es complicado competir con Australia, Canadá y EE.UU.”, comenta Edgardo Portaro, socio de García Sayán Abogados.
Sin embargo, los expertos no descartan por completo el proyecto. “Es una postergación natural en proyectos mineros, por el ciclo económico de los minerales. No lo vemos como algo particularmente contingente, pero evidentemente no es la mejor noticia”, explica David Baracco, asociado senior en Rebaza, Alcázar & De Las Casas.
Actualmente, Yanacocha es la principal productora de oro en el Perú, con un 10.2% de la producción nacional en 2024. Sin la ampliación, su vida útil se reduciría a aproximadamente 10 años.
A pesar de la postergación, Newmont invertirá US$1,800 millones en la construcción de dos plantas de tratamiento de agua, asegurando la continuidad de sus operaciones y el manejo responsable del cierre de la mina, según informó la minera en un comunicado.
Producción de oro por empresa en el 2024
•Yanacocha: 10.2%
•Poderosa: 8.4%
•Boroo: 6.7%
•Horizonte: 5.8%
•Retamas: 5.3%
•Ares: 4.1%
•Shahuindo: 4%
•Otros: 55.4%
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    Alarma en el sector: Perú bate récord en exportación de oro ilegal, superando los US$ 7,000 millones en 2024

    Fuente: Colectivo PAS

    Informes revelan un incremento del 20% en el volumen de oro ilegal exportado, generando pérdidas millonarias en impuestos y fortaleciendo a las redes criminales.

    Un nuevo informe ha encendido las alarmas en el sector empresarial peruano, revelando un preocupante récord en la exportación de oro ilegal durante el año 2024. Según datos recientes, el país habría perdido el control sobre la extracción y comercialización ilícita del metal precioso, alcanzando la cifra de 92 toneladas exportadas, lo que representa un aumento del 20% en comparación con las 77 toneladas registradas en 2023.

    El valor estimado de este volumen de oro ilegal en el mercado internacional superó los US$ 7,000 millones. Lo más alarmante para la economía formal es que esta vasta cantidad de oro salió del país sin generar ningún tipo de impuesto ni beneficio para el Estado, sino todo lo contrario, impulsando actividades ilícitas y debilitando la recaudación fiscal.

    La situación pone de manifiesto la creciente fortaleza de las redes criminales que operan en la minería ilegal, aprovechando la falta de control y la porosidad de las fronteras para la salida de este valioso recurso. La ausencia de regulación y fiscalización efectiva no solo implica pérdidas económicas significativas para el país, sino que también conlleva graves consecuencias ambientales y sociales en las zonas de extracción.

    Este alarmante récord subraya la urgente necesidad de implementar medidas más robustas y efectivas por parte de las autoridades para combatir la minería ilegal en todas sus etapas, desde la extracción hasta la comercialización y exportación. El sector empresarial formal demanda acciones concretas que garanticen la trazabilidad del oro, fortalezcan los controles aduaneros y sancionen severamente a quienes participan en estas actividades ilícitas.

    La pérdida de miles de millones de dólares en ingresos fiscales, sumada al impacto negativo en la imagen del país y al fortalecimiento de la criminalidad, exige una respuesta inmediata y coordinada entre el gobierno, las empresas formales y la sociedad civil para frenar esta tendencia y recuperar el control sobre un recurso natural estratégico para el Perú.

    Tensión en Las Bambas: Enfrentamiento deja heridos y alerta al sector

    Fuente: Infobae

    Nuevo choque entre comuneros y fuerzas de seguridad en acceso clave a la operación de MMG Las Bambas agudiza la preocupación por la continuidad de las actividades.

    Un nuevo episodio de violencia ha sacudido las inmediaciones de la minera MMG Las Bambas, ubicada en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, dejando un saldo de tres heridos, incluyendo un efectivo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes). El enfrentamiento, que involucró a comuneros de Fuerabamba, la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de seguridad privada de la compañía, subraya la persistente conflictividad social y las disputas territoriales que rodean al megaproyecto minero en la región de Apurímac.

    Los hechos se desencadenaron en el sector Manantiales, punto estratégico de acceso a las instalaciones de Las Bambas, cuando un grupo de comuneros interceptó el relevo del contingente policial y del personal de seguridad. Según reportes de la PNP, los comuneros emplearon hondas y guaracas para lanzar proyectiles, mientras que las fuerzas del orden respondieron con el uso de gases lacrimógenos.

    Informaciones de medios locales, basadas en testimonios de la zona, sugieren que el detonante del enfrentamiento sería un conflicto relacionado con terrenos colindantes a la operación minera. Los comuneros denuncian que Las Bambas estaría negociando de manera exclusiva con una familia, obviando los mecanismos internos de resolución de la comunidad.

    Este incidente se suma a una serie de eventos que evidencian la compleja relación entre la minera y las comunidades locales, donde la disputa por la tierra se erige como un factor constante de tensión. Si bien la confrontación del 29 de abril no es un hecho aislado para la población de Cotabambas, sí representa una nueva escalada en un conflicto que parece no encontrar vías de solución. En el fragor del enfrentamiento, dos trabajadores de seguridad privada también resultaron heridos.

    La presencia policial en la zona se mantiene, con el acceso principal a la minera bajo vigilancia. Decenas de comuneros permanecen en los alrededores, a la espera de una respuesta concreta por parte de la empresa. La situación se describe como tensa, y hasta el momento, el diálogo entre las partes no se ha restablecido.

    La conflictividad en torno a Las Bambas se ha intensificado en las últimas semanas, con comunidades como Huancuire y Pumamarca manteniendo un paro indefinido desde el 13 de marzo en señal de rechazo al proyecto minero. Las protestas se agudizaron tras denuncias de destrucción de viviendas temporales de comuneros en la zona de Chalcobamba por parte de personal de seguridad y policías.

    En este contexto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó recientemente la paralización temporal de las actividades de perforación en Chalcobamba, además de exigir medidas correctivas a la empresa, como monitoreos mensuales del agua del manantial Timpopuquio y la garantía del suministro de agua potable a la comunidad de Contahuire.

    Sin embargo, estas medidas ambientales no han logrado aplacar los reclamos de las comunidades, quienes denuncian invasión y contaminación de sus tierras, así como el incumplimiento de compromisos por parte de la empresa. Estas denuncias han recabado el apoyo de diversas organizaciones a nivel nacional e internacional.

    Un factor adicional que ha reavivado las protestas fue la absolución judicial de once defensores comunales que habían sido procesados por su oposición a las actividades de Las Bambas. Este fallo judicial ha fortalecido la posición de las comunidades y dado mayor visibilidad a sus demandas históricas.

    La situación en Cotabambas se mantiene en un punto muerto, a pesar de los compromisos asumidos en mesas de diálogo previas. Las demandas por una participación más equitativa en las decisiones, el respeto por los acuerdos comunales y la protección del medio ambiente continúan sin resolverse.

    Mientras las autoridades mantienen su despliegue en la zona y el acceso a la minera permanece custodiado, la persistencia de los enfrentamientos y la falta de diálogo generan creciente incertidumbre en el sector empresarial sobre la estabilidad de las operaciones mineras y la necesidad de abordar de manera efectiva la conflictividad social en el país.

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