Fuente: Rumbo Minero
Pataz, La Libertad – El empresario minero Segundo Cueva Rojas ha revelado detalles impactantes sobre la matanza ocurrida el pasado 25 de abril en el socavón Santa María, en el distrito de Pataz, que cobró la vida de 13 personas. Según su testimonio, el violento asalto tuvo como objetivo el robo de más de 200 toneladas de mineral aurífero, perpetrado mediante una operación cuidadosamente orquestada y sin demandas económicas previas.
En declaraciones a un medio local, Cueva Rojas calificó el hecho como «terrorismo, no un robo común», narrando que la agresión se inició pasada la medianoche tras una alerta telefónica. Al llegar al lugar, encontró los accesos bloqueados y parte de su personal retenido, mientras otros intentaban escapar en medio de disparos y humo. «Nunca pidieron rescate, no querían dinero. Solo venían por el oro», enfatizó.
El uso de humo tóxico, producto de la quema de neumáticos, dificultó la visibilidad durante el ataque. Los agresores dispararon indiscriminadamente, silenciando las voces de auxilio. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados días después, tras remover un muro de piedras.
El testimonio del empresario también puso en evidencia la informalidad en la contratación de personal de seguridad en la mina. Dos individuos, identificados como “Rec” y “Técnico”, estaban a cargo de la vigilancia, siendo este último, José Ramiro Lozano Peche, contratado verbalmente sin contrato ni registro formal. Ambos supuestos vigilantes pertenecían a una inexistente «empresa R y R», por cuyos servicios se pagaban hasta 100 mil soles mensuales sin documentación de respaldo. Tras la masacre, «Técnico» desapareció y actualmente es investigado por su posible complicidad en el asalto.
Las 13 víctimas fueron encontradas en un área distinta a la de la extracción del mineral, lo que sugiere que sus cuerpos fueron movidos después de ser asesinados. El propio Cueva Rojas colaboró con las autoridades en el reconocimiento del socavón.
Este trágico suceso no solo expone la brutalidad asociada a la minería ilegal, sino también las vulnerabilidades en el control de la seguridad privada en zonas de extracción.
«Esto fue un ataque planificado, con inteligencia interna. Lo que han hecho es terrorismo», reiteró el empresario.
Mientras las investigaciones continúan, el empresario ha ofrecido apoyo a las familias afectadas. Pataz, una región duramente golpeada por la minería ilegal en el país, se enfrenta a un nuevo episodio de impunidad, crimen organizado y la incertidumbre sobre el paradero del oro sustraído.
