Fuente: Rumbo Minero

La expansión de la minería ilegal dentro de zonas de conservación crítica plantea serias amenazas para los ecosistemas y la estabilidad a largo plazo para sectores económicos dependientes de estos recursos.

Un reciente informe de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico ha revelado una preocupante tendencia: la infiltración y avance de la minería ilegal en al menos 18 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus Zonas de Amortiguamiento (ZA) desde el año 2010. Este fenómeno, detallado en un estudio de Gisella Aragón y Luis Ruiz, subraya la creciente presión sobre ecosistemas de alto valor ecológico y las potenciales consecuencias negativas para diversas industrias que dependen de la integridad de estos espacios.

Si bien la Amazonía sur, comprendiendo Madre de Dios, Ucayali y Cusco, continúa siendo la región más afectada por esta actividad ilícita, el informe destaca una preocupante expansión hacia otras zonas del país. Regiones andinas como Lima, Junín y Pasco han reportado un incremento en la presencia de la minería ilegal, lo que evidencia que esta problemática ya no se limita a áreas remotas.

La Reserva Nacional Tambopata, ubicada en Madre de Dios, es un ejemplo crítico, sufriendo intrusiones tanto dentro de sus límites como en su entorno inmediato. Asimismo, otras áreas de significativa importancia ecológica como el Parque Nacional Huascarán, la Reserva Nacional San Fernando, la Reserva Nacional de Tumbes y el Parque Nacional Yaguas, entre otras, también han registrado la presencia de esta actividad extractiva ilegal. Incluso zonas de amortiguamiento de áreas como el Parque Nacional Río Abiseo y la Reserva Comunal Amarakaeri se ven afectadas, lo que sugiere una falta de contención efectiva.

Esta situación no solo representa una pérdida irreparable de biodiversidad y la degradación de ecosistemas frágiles, sino que también genera un clima de incertidumbre y riesgo para las inversiones sostenibles en sectores como el turismo, la agricultura y la investigación científica, que dependen directamente de la salud de estos entornos naturales.

Un factor que agrava esta problemática es la aparente lentitud en la ejecución de los recursos destinados a combatirla. Datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), analizados por Rumbo Minero, indican que de los más de S/ 74.6 millones asignados en el presente año para la función de orden público y seguridad con el objetivo de reducir la minería ilegal, solo se ha ejecutado alrededor del 37%. Esta baja ejecución presupuestaria plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas implementadas y la capacidad del Estado para hacer frente a esta creciente amenaza.

La expansión de la minería ilegal en áreas protegidas no solo es un desafío ambiental, sino también una señal de alerta para el sector empresarial, evidenciando la necesidad de un marco regulatorio más robusto y una aplicación más efectiva de la ley para garantizar la protección de los recursos naturales y fomentar un desarrollo económico sostenible y responsable.