Fuente: Rumbo Minero
En medio del acalorado debate sobre la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y el proceso de formalización, destacados especialistas han refutado las propuestas que buscan modificar el régimen de concesiones mineras. Advierten que estas iniciativas ponen en grave riesgo la seguridad jurídica, desalentarían la inversión y podrían impactar negativamente el desarrollo de la industria extractiva nacional.
Uno de los conceptos más polémicos, la «concesión ociosa», ha sido desmentido categóricamente. Iván Arenas, experto en temas mineros, afirmó que «el término concesión ociosa no existe como figura legal ni técnica. En minería, cada concesión responde a una lógica de exploración y planificación de largo plazo. Decir que una concesión está ‘muerta’ porque no produce de inmediato revela un desconocimiento profundo del funcionamiento de la industria”.
Arenas subrayó que la exploración continua es indispensable para garantizar futuras operaciones. «Explorar no es opcional, es la base del desarrollo minero. Si no se explora hoy, no se produce mañana. Las grandes empresas invierten años en estudios geológicos y técnicos antes de poder operar”, enfatizó.
Sobre la propuesta de reducir el plazo de vigencia de las concesiones de 30 a 10 años, incluida en algunos borradores de la Ley MAPE, el especialista fue tajante: «Eso es inviable. Una medida así espantaría la inversión, quebraría la seguridad jurídica y pondría en jaque proyectos estratégicos que requieren planificación de décadas, no de años”.
Concesiones: Obligaciones y ejemplos de largo plazo
Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), respaldó esta posición, alertando que medidas como la caducidad anticipada o la redistribución de concesiones «inactivas» afectarían gravemente la estabilidad del sector. “Antamina empezó a producir 50 años después de su descubrimiento, Bayóvar demoró 80 años y Cerro Verde más de seis décadas. Si se hubiera aplicado una regla de caducidad a los 10 años, simplemente no existirían”, explicó, poniendo en perspectiva los largos ciclos de maduración de los proyectos mineros.
Gálvez también aclaró que las concesiones están sujetas a estrictas obligaciones técnicas y económicas. “El titular debe pagar un derecho anual y cumplir con una producción mínima. Si no lo hace, enfrenta penalidades crecientes hasta que, al año 30, la concesión puede revertirse si no se ha cumplido con la ley. No se trata de tierras sin control o en abandono”, enfatizó.
Diferenciación entre informalidad e ilegalidad y vías para la formalización
Otro punto de coincidencia entre Arenas y Gálvez es la necesidad imperativa de diferenciar entre minería informal e ilegal.
“No se trata de perseguir al pequeño minero que busca formalizarse. Pero quienes operan sin permisos, sin pagar impuestos ni respetar normas ambientales están cometiendo delitos”, subrayó el presidente de la SNMPE.
Gálvez también rechazó enérgicamente iniciativas legislativas que proponen imponer “servidumbres” sobre concesiones vigentes a favor de terceros.
“Eso equivaldría a que el Estado permita que alguien use tu casa porque no estás en ella en ese momento. No es legal, ni justo, ni viable”, sentenció.
Ambos especialistas señalaron que existen caminos viables para la inclusión de la pequeña minería dentro del marco legal. Un ejemplo destacado es el caso de Compañía Minera Poderosa, que ha suscrito más de 300 acuerdos de cesión con mineros artesanales, facilitando su formalización progresiva.
“Esto demuestra que sí hay voluntad de diálogo por parte de las grandes empresas. Pero no todos los titulares tienen la capacidad logística o legal de replicar este modelo”, aclaró Arenas.
Gálvez propuso tres vías concretas para integrar responsablemente a la pequeña minería:
- Promover la exploración minera desde las universidades públicas utilizando los fondos del canon minero para impulsar emprendimientos sostenibles en zonas de libre disponibilidad.
- Reasignar las concesiones que hayan sido legalmente abandonadas por sus titulares, siempre respetando los derechos adquiridos y el debido proceso.
- Fomentar contratos de cesión entre titulares de concesiones y mineros artesanales, como una vía efectiva y legal para avanzar en la formalización del sector.
“En minería no se puede hablar de ‘zonas grises’. Se cumple la ley o no se cumple. Y si queremos atraer inversiones y generar empleo, debemos fortalecer el marco jurídico, no debilitarlo”, concluyó Gálvez, haciendo un llamado a la coherencia legislativa y la predictibilidad para el sector.
