Fuente: La República
En una contundente operación denominada «Pataz II», la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FFAA) desmantelaron una extensa red de minería ilegal en el distrito de Pataz, región La Libertad, epicentro de la reciente matanza de 13 trabajadores de seguridad. Entre el 17 y 20 de mayo, los contingentes policiales llevaron a cabo una serie de intervenciones que culminaron con la destrucción de 17 minas y 10 plantas procesadoras de oro ilegales.
La operación se desplegó en los sectores de Suyubamba, Los Manzanos y La Ciénaga, ubicados en la zona de influencia de los socavones donde se produjo el trágico asesinato de los trabajadores, presuntamente por órdenes de alias «Cuchillo». Durante las intervenciones, las autoridades identificaron y volaron socavones utilizados clandestinamente para la extracción de material aurífero.
Según reportes de la PNP, se estima que las pérdidas infligidas a las organizaciones dedicadas a la minería ilegal en Pataz ascienden a S/ 56.7 millones, valor de los vehículos, maquinaria pesada y otros equipos incautados y destruidos.
La «Operación Pataz II» movilizó a 1,200 efectivos de diversas unidades especializadas de la PNP, incluyendo la Dirección de Investigación de Medio Ambiente (Dirmeamb), la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES) y la SubUnidad de Acciones Tácticas (SUAT), quienes contaron con el apoyo de patrullas militares del Comando Unificado de Pataz (CUPAZ) para la seguridad perimetral. Las acciones fueron supervisadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y personal del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Esta intervención de gran escala sigue a una primera operación («Pataz I») realizada el 24 de abril, dos días antes de la matanza, donde se destruyeron 8 bocaminas. La «Operación Pataz II» representa un esfuerzo significativamente mayor para combatir la creciente minería ilegal en la zona, problemática que, según se indica, ha exacerbado la presencia de bandas criminales a pesar del Estado de Emergencia.
Las autoridades destacaron que si bien estas acciones golpean directamente la minería ilegal, es crucial implementar operaciones similares contra las organizaciones criminales dedicadas al robo de material aurífero, tanto de mineros artesanales como ilegales. Precisamente, los 13 trabajadores asesinados custodiaban socavones de la empresa legal Libmar SAC, y el móvil del crimen habría sido el robo de 200 toneladas de material aurífero valorado en US$ 1.2 millones, lo que subraya la conexión entre la minería ilegal y la criminalidad organizada en la región.
