Gobierno intensifica lucha con minería ilegal y destruye bienes por 123 millones.

Fuente El Peruano.

El Gobierno peruano, en su firme compromiso por erradicar la minería ilegal, ha asestado un duro golpe a esta actividad ilícita durante la segunda quincena de febrero. Un total de 45 operativos de interdicción, llevados a cabo en 14 regiones del país, resultaron en la destrucción de bienes utilizados en la minería ilegal, valorizados en la impresionante cifra de 123 546 824 soles.

«Estamos comprometidos con impedir que estas actividades ilícitas continúen con la destrucción de nuestros ecosistemas y perjudiquen a nuestras comunidades originarias. Para ello, seguiremos desplegando los operativos en diferentes partes del país para llevar ante la justicia a quienes persisten con estas prácticas ilegales», enfatizó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Operativos a nivel nacional

Los operativos, liderados por la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de la Dirección de Medio Ambiente, y la Marina de Guerra mediante la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), se realizaron en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Las acciones se extendieron a las siguientes regiones:

  • Amazonas (4)
  • Áncash (1)
  • Arequipa (2)
  • Cajamarca (3)
  • Cusco (3)
  • Huánuco (3)
  • Junín (2)
  • La Libertad (4)
  • Loreto (2)
  • Madre de Dios (17)
  • Piura (1)
  • Puno (1)
  • Tacna (1)
  • Ucayali (1)

La Libertad a la cabeza de las incautaciones

En términos de valor económico incautado, la región La Libertad encabeza la lista con más de 81.6 millones de soles. Le siguen Madre de Dios, Huánuco y Amazonas, con cifras que superan los S/ 15.6 millones, S/ 6.3 millones y S/ 4.2 millones, respectivamente.

Otras regiones donde se realizaron incautaciones significativas incluyen Cusco (S/3.3 millones), Áncash (S/3.2 millones), Cajamarca (S/2.6 millones), Arequipa (S/2.4 millones), Junín (S/1.4 millones), Loreto (S/848 mil), Puno (S/750 mil), Tacna (S/750 mil), Ucayali (S/83 mil) y Piura (S/7.5 mil).

Golpe millonario en La Libertad

Uno de los operativos más destacados tuvo lugar en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo (La Libertad), donde se incautaron maquinarias e insumos valorados en más de 72 millones de soles.

Entre los bienes incautados a los mineros ilegales se encuentran vehículos, maquinaria pesada, motores, tanques de combustible y herramientas especializadas.

Un febrero de lucha constante

Sumando los operativos de la primera quincena, febrero cerró con un total de 78 acciones que lograron incautar y destruir materiales y equipos por un valor total de 244 503 074 soles.

Esta cifra refleja el esfuerzo continuo del Gobierno peruano por combatir la minería ilegal, una actividad que causa graves daños al medio ambiente y a las comunidades locales.

  • Related Posts

    Alarma en el sector: Perú bate récord en exportación de oro ilegal, superando los US$ 7,000 millones en 2024

    Fuente: Colectivo PAS

    Informes revelan un incremento del 20% en el volumen de oro ilegal exportado, generando pérdidas millonarias en impuestos y fortaleciendo a las redes criminales.

    Un nuevo informe ha encendido las alarmas en el sector empresarial peruano, revelando un preocupante récord en la exportación de oro ilegal durante el año 2024. Según datos recientes, el país habría perdido el control sobre la extracción y comercialización ilícita del metal precioso, alcanzando la cifra de 92 toneladas exportadas, lo que representa un aumento del 20% en comparación con las 77 toneladas registradas en 2023.

    El valor estimado de este volumen de oro ilegal en el mercado internacional superó los US$ 7,000 millones. Lo más alarmante para la economía formal es que esta vasta cantidad de oro salió del país sin generar ningún tipo de impuesto ni beneficio para el Estado, sino todo lo contrario, impulsando actividades ilícitas y debilitando la recaudación fiscal.

    La situación pone de manifiesto la creciente fortaleza de las redes criminales que operan en la minería ilegal, aprovechando la falta de control y la porosidad de las fronteras para la salida de este valioso recurso. La ausencia de regulación y fiscalización efectiva no solo implica pérdidas económicas significativas para el país, sino que también conlleva graves consecuencias ambientales y sociales en las zonas de extracción.

    Este alarmante récord subraya la urgente necesidad de implementar medidas más robustas y efectivas por parte de las autoridades para combatir la minería ilegal en todas sus etapas, desde la extracción hasta la comercialización y exportación. El sector empresarial formal demanda acciones concretas que garanticen la trazabilidad del oro, fortalezcan los controles aduaneros y sancionen severamente a quienes participan en estas actividades ilícitas.

    La pérdida de miles de millones de dólares en ingresos fiscales, sumada al impacto negativo en la imagen del país y al fortalecimiento de la criminalidad, exige una respuesta inmediata y coordinada entre el gobierno, las empresas formales y la sociedad civil para frenar esta tendencia y recuperar el control sobre un recurso natural estratégico para el Perú.

    Tensión en Las Bambas: Enfrentamiento deja heridos y alerta al sector

    Fuente: Infobae

    Nuevo choque entre comuneros y fuerzas de seguridad en acceso clave a la operación de MMG Las Bambas agudiza la preocupación por la continuidad de las actividades.

    Un nuevo episodio de violencia ha sacudido las inmediaciones de la minera MMG Las Bambas, ubicada en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, dejando un saldo de tres heridos, incluyendo un efectivo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes). El enfrentamiento, que involucró a comuneros de Fuerabamba, la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de seguridad privada de la compañía, subraya la persistente conflictividad social y las disputas territoriales que rodean al megaproyecto minero en la región de Apurímac.

    Los hechos se desencadenaron en el sector Manantiales, punto estratégico de acceso a las instalaciones de Las Bambas, cuando un grupo de comuneros interceptó el relevo del contingente policial y del personal de seguridad. Según reportes de la PNP, los comuneros emplearon hondas y guaracas para lanzar proyectiles, mientras que las fuerzas del orden respondieron con el uso de gases lacrimógenos.

    Informaciones de medios locales, basadas en testimonios de la zona, sugieren que el detonante del enfrentamiento sería un conflicto relacionado con terrenos colindantes a la operación minera. Los comuneros denuncian que Las Bambas estaría negociando de manera exclusiva con una familia, obviando los mecanismos internos de resolución de la comunidad.

    Este incidente se suma a una serie de eventos que evidencian la compleja relación entre la minera y las comunidades locales, donde la disputa por la tierra se erige como un factor constante de tensión. Si bien la confrontación del 29 de abril no es un hecho aislado para la población de Cotabambas, sí representa una nueva escalada en un conflicto que parece no encontrar vías de solución. En el fragor del enfrentamiento, dos trabajadores de seguridad privada también resultaron heridos.

    La presencia policial en la zona se mantiene, con el acceso principal a la minera bajo vigilancia. Decenas de comuneros permanecen en los alrededores, a la espera de una respuesta concreta por parte de la empresa. La situación se describe como tensa, y hasta el momento, el diálogo entre las partes no se ha restablecido.

    La conflictividad en torno a Las Bambas se ha intensificado en las últimas semanas, con comunidades como Huancuire y Pumamarca manteniendo un paro indefinido desde el 13 de marzo en señal de rechazo al proyecto minero. Las protestas se agudizaron tras denuncias de destrucción de viviendas temporales de comuneros en la zona de Chalcobamba por parte de personal de seguridad y policías.

    En este contexto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó recientemente la paralización temporal de las actividades de perforación en Chalcobamba, además de exigir medidas correctivas a la empresa, como monitoreos mensuales del agua del manantial Timpopuquio y la garantía del suministro de agua potable a la comunidad de Contahuire.

    Sin embargo, estas medidas ambientales no han logrado aplacar los reclamos de las comunidades, quienes denuncian invasión y contaminación de sus tierras, así como el incumplimiento de compromisos por parte de la empresa. Estas denuncias han recabado el apoyo de diversas organizaciones a nivel nacional e internacional.

    Un factor adicional que ha reavivado las protestas fue la absolución judicial de once defensores comunales que habían sido procesados por su oposición a las actividades de Las Bambas. Este fallo judicial ha fortalecido la posición de las comunidades y dado mayor visibilidad a sus demandas históricas.

    La situación en Cotabambas se mantiene en un punto muerto, a pesar de los compromisos asumidos en mesas de diálogo previas. Las demandas por una participación más equitativa en las decisiones, el respeto por los acuerdos comunales y la protección del medio ambiente continúan sin resolverse.

    Mientras las autoridades mantienen su despliegue en la zona y el acceso a la minera permanece custodiado, la persistencia de los enfrentamientos y la falta de diálogo generan creciente incertidumbre en el sector empresarial sobre la estabilidad de las operaciones mineras y la necesidad de abordar de manera efectiva la conflictividad social en el país.

    Primary Color

    Secondary Color

    Layout Mode