- Abogado Ruiz Molleda, que pretende la anulación de las concesiones, miente ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno.
- La anulación de concesiones mineras pone en peligro los pagos y proyectos de inversión comprometidos para las comunidades de la región.
Puno. 9 de octubre. – Los abogados anti mineros presentan la anulación de concesiones mineras como una “victoria histórica», pero en realidad es una oportunidad perdida para los puneños. Los recientes fallos de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, que anulan concesiones mineras, dejarán a las comunidades expuestas a millonarias devoluciones de pagos ya realizados por las empresas titulares de dichos proyectos. Estas sentencias también significarán el abrupto final de los proyectos de inversión comprometidos para su desarrollo social y productivo.
Un ejemplo evidente de estos riesgos es la Comunidad Campesina de Jatucachi. El detalle de los acuerdos entre la comunidad de Jatucachi y las empresas mineras fue expuesto esta semana en una audiencia ante la propia Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno. Confrontado por el juez superior Pánfilo Monzón Mamani, el abogado que exige anular las concesiones mineras, Juan Carlos Ruiz Molleda, se escudó en que desconocía los acuerdos, a pesar de que estos documentos son parte del expediente del caso. Además, los contratos y convenios están sustentados en acuerdos de asamblea de la Comunidad Campesina de Jatucachi, cuyas actas están inscritas oficialmente en Registros Públicos.
La comunidad demanda la nulidad de las concesiones en su territorio, pero recibió en el 2020 un pago de S/25 millones al firmar un contrato de autorización expresa y voluntaria de uso de sus tierras para desarrollar actividades mineras por 15 años. Con la anulación de las concesiones, los comuneros de Jatucachi quedan expuestos a tener que devolver este millonario pago.
La comunidad de Jatucachi también firmó en febrero del 2020 un convenio social por el que fue beneficiada con un fondo por S/3’250,000 para becas, proyectos de salud y desarrollo de actividades productivas como la ganadería, fondo otorgado como parte de la responsabilidad social y ambiental de la actividad minera. Ahora, la comunidad queda en riesgo de tener que devolver lo invertido en el fondo.
El convenio social mencionado incluyó un compromiso de inversión por S/6 millones en el desarrollo de una planta de fibra de alpaca. Sin concesiones mineras, ya no se dará este proyecto productivo que beneficiaba a la comunidad de Jatucachi.
Ante el Poder Judicial, la comunidad pide anular las concesiones. Sin embargo, es tal el interés de la comunidad de Jatucachi en el desarrollo de actividades mineras que la propia comunidad pidió en julio de este año, mediante una carta, extender los beneficios del convenio social. Con la anulación de las concesiones, la comunidad perderá todos esos compromisos de inversión social y productiva.
