IPE: “Aproximadamente el 44% de todas las exportaciones de oro desde Perú son de origen ilegal, lo que equivale casi a US$5,000 millones, cada año”

Lo que nació como una vía para la formalización de la minería artesanal y a pequeña escala se ha transformado en una extensión casi indefinida, cuya ineficacia alimenta las arcas de la delincuencia organizada. La ampliación constante del plazo para inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha permitido que grupos criminales operen con impunidad bajo una fachada de legalidad, a pesar de que la minería artesanal y la pequeña minería representan una porción minoritaria del sector.

Las cifras del impacto de esta actividad ilícita son escalofriantes. Un reciente análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que aproximadamente el 44% de las exportaciones de oro del Perú tienen su origen en la minería ilegal, lo que se traduce en una pérdida económica cercana a los US$5,000 millones anuales. Este volumen sitúa al Perú como un epicentro de esta actividad en Latinoamérica, responsable de entre el 44% y 45% del oro ilegal exportado desde la región.

El contexto de precios del oro en niveles históricamente elevados actúa como un incentivo perverso que exacerba estas prácticas ilícitas. Las consecuencias son devastadoras, abarcando no solo el ámbito económico, con la fuga de capitales y la evasión de impuestos, sino también el social, con la generación de violencia y la explotación laboral, y el ambiental, con la destrucción de ecosistemas y la contaminación de fuentes de agua.

Ante este panorama crítico, el IPE, en su estudio «Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería informal e ilegal», ha emitido una recomendación contundente: la necesidad de implementar políticas claras y predecibles, siendo el cierre definitivo del REINFO el primer paso crucial para combatir eficazmente esta problemática.

En una entrevista reciente con el programa “N Portada” de Canal N, Victor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, profundizó en esta situación, ofreciendo detalles alarmantes sobre cómo la persistencia de un REINFO sin plazos definidos se ha convertido en un salvoconducto para la operación de mafias que se lucran a costa del país. La inacción ante esta realidad no solo perpetúa la sangría económica, sino que también socava la autoridad del Estado y alimenta la criminalidad en diversas regiones del Perú.

  • Related Posts

    Quellaveco de Anglo American presenta caso exitoso de innovación, sostenibilidad y contribución clave al PBI

    Fuente: MINEM

    Moquegua, Perú – La mina Quellaveco, operada por Anglo American en la región de Moquegua, se erigió como un referente de vanguardia tecnológica y compromiso con la sostenibilidad durante su destacada presentación en la reciente edición de proEXPLO 2025. Isidro Oyola, gerente general de la operación, informó que en el ejercicio 2024, Quellaveco aportó un significativo 1% al Producto Bruto Interno (PBI) nacional, consolidándose como un actor principal en la producción de cobre a nivel latinoamericano, con un volumen de exportación superior a las 1.2 millones de toneladas de concentrado.

    Según datos del Ministerio de Energía y Minas, Quellaveco representa más del 10% de la producción cuprífera total del país, posicionándose como el quinto mayor productor a nivel nacional. Al cierre del primer semestre de 2024, la mina alcanzó una producción de 147,300 toneladas, reflejando un crecimiento del 7% impulsado por ajustes regulatorios que permitieron elevar su capacidad de procesamiento a aproximadamente 140,000 toneladas diarias.

    En el ámbito de la innovación operativa, Quellaveco lidera con la implementación de una flota de 32 camiones autónomos, convirtiéndose en la primera operación minera en el Perú en adoptar esta tecnología. Este avance no solo ha impulsado la productividad, sino que también ha contribuido a la reducción del impacto ambiental, evitando la emisión de 123,000 toneladas de dióxido de carbono durante el año 2024. El transporte del concentrado de cobre desde la planta de procesamiento hasta el puerto de Ilo, a lo largo de 250 kilómetros, se realiza mediante camiones encapsulados, asegurando elevados estándares de seguridad y protección del entorno.

    La gestión hídrica en Quellaveco se fundamenta en un modelo de valor compartido ejemplar. La operación realiza la captación de agua no apta para consumo humano ni agrícola del río Titire, de origen volcánico, a través de la presa Vizcachas, con una capacidad de almacenamiento de 60 millones de metros cúbicos. Esta agua se utiliza en los procesos mineros, mientras que se devuelve agua tratada a las comunidades de Moquegua y al valle del Tambo. Adicionalmente, se ha implementado un sofisticado sistema de monitoreo con sensores conectados a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para la verificación precisa de las cantidades de agua devuelta.

    En materia de inclusión y diversidad, Quellaveco destaca con un 23% de personal femenino, superando significativamente el promedio nacional del sector minero, que oscila entre el 6% y el 7%. Un notable 40% de los cargos directivos son ocupados por mujeres, reflejando una transformación estructural en la gestión del talento dentro de la industria, impulsada por la digitalización y la incorporación de nuevos perfiles profesionales y competencias técnicas.

    Anglo American ha realizado una inversión de US$ 5,500 millones en el desarrollo de Quellaveco y tiene planes de inyectar US$ 100 millones adicionales para la optimización de la operación, incluyendo la reconfiguración del diseño del tajo y la actualización del plan de minado. La compañía también mantiene su ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en todas sus operaciones para el año 2040, mediante la utilización de energía proveniente de fuentes renovables, como la central eólica Pumas Lomita en Ica.

     

    Masacre en Pataz: el fracaso del gobierno frente a la minería ilegal y el Reinfo como reflejo de complicidad entre el Ejecutivo y Congreso para facilitar su expansión en el país

    Fuente: La República

    La brutal masacre de trece trabajadores en un socavón de Pataz ha desgarrado el velo de la informalidad, exponiendo la cruda realidad de una provincia donde el oro se tiñe de sangre y la minería ilegal ejerce un poderío ominoso. Este trágico suceso no es un hecho aislado, sino la dramática consecuencia de un proceso de formalización minera fallido y la aparente incapacidad del Estado para frenar el avance de organizaciones criminales que se disputan el control de la extracción aurífera bajo el amparo de un cuestionado registro: el Reinfo.

    Así lo advierte un análisis del profesor César A. Ipenza Peralta, de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, cuyo lúcido artículo publicado en Diario La República arroja luz sobre las profundas deficiencias de las políticas de formalización y el rol perverso que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha adquirido en este contexto de violencia e impunidad.

    Una Crisis Anunciada: Violencia y Formalización Fallida

    La reciente matanza en Pataz, donde operan con impunidad bandas criminales como «Los Pulpos» y «La Jauría», no solo enluta a familias, sino que también pone en evidencia la escalada de violencia en una zona rica en oro pero carente de un control estatal efectivo. Veintidós años después de la creación del Reinfo, concebido como una herramienta para la legalización de la pequeña minería y la minería artesanal, los resultados son alarmantes: apenas un exiguo 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse, mientras que un abrumador 79% permanece en un limbo de suspensión.

    Esta realidad, lejos de propiciar la formalización y la sostenibilidad, ha convertido al Reinfo, en palabras de diversos especialistas, en un verdadero «manto de impunidad» que permite a las mafias operar sin el temor a ser procesadas penalmente, escudándose en un supuesto proceso de legalización en curso.

    La Perspectiva Crítica: Inacción Estatal y Normas Cuestionables

    El profesor Ipenza no duda en señalar la falta de voluntad política y la descoordinación entre los poderes del Estado como factores clave que han permitido la expansión descontrolada de la minería ilegal bajo la fachada de la informalidad. Su análisis también cuestiona la ausencia de alternativas económicas viables para las comunidades que dependen de esta actividad, un vacío que perpetúa su vulnerabilidad frente a las redes criminales.

    Además, el experto advierte sobre normas recientes que, a su juicio, debilitan el marco legal destinado a combatir el crimen organizado vinculado a la extracción ilegal de minerales. Esta erosión de las herramientas legales, sumada a la ineficacia del Reinfo, dibuja un panorama sombrío donde la ley parece ceder terreno ante el poder de las mafias.

    El Desafío Urgente: Una Reforma Integral y Estrategias Sostenibles

    La reiterada ampliación de plazos del Reinfo se revela como una medida paliativa que no aborda los problemas estructurales. La solución, según los analistas, exige un enfoque integral que priorice un mayor control de la trazabilidad del oro, mecanismos de fiscalización robustos y, crucialmente, la implementación de alternativas económicas sostenibles para las regiones afectadas.

    La gobernanza de los recursos naturales en zonas como Pataz demanda una estrategia que trascienda las respuestas reactivas y temporales, como los estados de emergencia o los toques de queda, que hasta ahora han demostrado ser insuficientes para contener la violencia y el avance de la ilegalidad.

    Complicidad a la Vista: Señalamientos al Poder Ejecutivo y al Congreso

    La gravedad de la situación en Pataz ha llevado a diversos especialistas a señalar una preocupante complicidad entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para facilitar la expansión de la minería ilegal en el país. Las críticas se centran en normas que amplían el Reinfo y que, en la práctica, favorecen los intereses del crimen organizado, permitiéndoles operar con una sensación de inmunidad.

    El asesinato de los trece mineros en Pataz ha encendido un debate nacional sobre el verdadero impacto de la minería ilegal y la necesidad urgente de replantear las estrategias para combatirla. La tragedia en la sierra liberteña clama por respuestas contundentes y un compromiso real del Estado para desarticular las redes criminales y devolver la paz a una región azotada por la violencia y la impunidad. La sombra de Pataz es un recordatorio sombrío del precio de la inacción y la urgencia de una reforma integral que ponga fin a este ciclo de violencia y corrupción.

    Primary Color

    Secondary Color

    Layout Mode