Fuente: Guillermo Vidalón
La excesiva intervención estatal en la economía tiende a restringir la libre iniciativa ciudadana, limitando el emprendimiento, la innovación y el establecimiento de relaciones económicas autónomas. En contraste, un entorno de mayor libertad económica permite a los individuos decidir sus asociaciones y condiciones, sin la imposición de jerarquías ideológicas.
Guillermo Vidalón señala que la lógica de confrontación, inherente al lenguaje marxista, ha exacerbado las disparidades económicas entre la población y quienes controlan el Estado. Mientras algunos funcionarios burocratizan el aparato estatal, la población sufre el deterioro económico, que incluso afecta la salud, como se observa en naciones como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, donde el Estado inhibe la iniciativa ciudadana.
En Perú, los anuncios de medidas desregulatorias implican un reconocimiento tácito de que las restricciones a la libertad económica impactan negativamente el crecimiento. El Producto Bruto Interno (PBI) de Perú, que creció un 7% en 2011, apenas alcanzó un 0.55% en 2023. Afortunadamente, en 2024, el PBI mostró un crecimiento del 3.3% según el INEI, impulsado por el dinamismo económico y el aumento de la confianza de los agentes tras el gobierno de Pedro Castillo. Este crecimiento contribuyó a un aumento del 1.3% en la población ocupada durante el primer trimestre de 2025, un avance aún insuficiente, pero prometedor.
Según el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, el Gobierno ha identificado 511 medidas de desregulación, de las cuales 240 ya han sido implementadas. Estas medidas se proyecta que incrementen el PBI en 1% este año y generen un efecto multiplicador en los próximos años, como lo demuestra la experiencia local e internacional. Se compara la recuperación económica de Argentina bajo Javier Milei con el deterioro continuo de Venezuela tras 26 años de «Socialismo del siglo XXI».
Las economías con menos regulación o mayor libertad tienden a generar mejores resultados y beneficios para sus ciudadanos. En este sentido, se podría esperar un crecimiento económico aún mayor en Perú si se implementaran las 271 medidas de desregulación restantes. Un gobierno futuro que promueva las inversiones, garantice la seguridad ciudadana y establezca un sistema de justicia eficiente y respetado por la sociedad, sería crucial para este avance.
Si en Perú se hubieran ejecutado los US$ 64,000 millones de inversión minera pendientes, el país podría igualar o incluso superar el volumen actual de producción de cobre de Chile (5.5 millones de TM). Esto permitiría consolidar un clúster minero robusto y emprender un vasto programa de obras públicas. La ciudadanía demanda, en esencia, cero corrupción y eficiencia en el gasto público.
No obstante, Perú enfrenta un desafío considerable: las economías ilegales, representadas por la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y la tala ilegal. Estas actividades buscan infiltrarse en el aparato estatal para establecer un «Estado a su medida», lo que representa una amenaza directa a la gobernabilidad y al desarrollo formal del sector minero.
