La Iglesia y su rol en la superación de la pobreza: Un enfoque en oportunidades y desarrollo productivo

Fuente: Vidalón Guillermo

La opción preferente de la Iglesia católica por los pobres se centra en la superación de las condiciones económicas y sociales precarias que afectan a millones de personas a nivel global, buscando una mejora tangible en su calidad de vida.

Una Iglesia que genuinamente acompaña a los pobres es aquella que imparte instrucción en la fe cristiana y, crucialmente, educa para el empoderamiento de los más vulnerables. Su labor contribuye a la liberación de condiciones a menudo denigrantes, liderando con humildad y actuando con prudencia, sin confrontar a quienes lograron superar la pobreza. Esta Iglesia pone de manifiesto los resultados positivos derivados de la colaboración entre los diversos estratos sociales, resaltando ejemplos de emprendimiento, la lucha diaria por una existencia mejor y la competitividad como motor para alcanzar metas tanto individuales como colectivas, las cuales, en última instancia, benefician al conjunto de la sociedad.

Este «andar con los pobres» debe traducirse en la promoción activa de oportunidades y el aprovechamiento estratégico de las ventajas comparativas de cada nación en el contexto del comercio internacional. El objetivo primordial es la generación de empleo productivo, reconocido como el único medio sostenible para la reducción de la pobreza y la mejora duradera de la calidad de vida. Superar la actual coyuntura de tensiones comerciales entre las principales potencias se vuelve fundamental en este proceso. Asimismo, la promoción del intercambio de productos locales, generando una balanza comercial positiva, impacta favorablemente en los ingresos fiscales, los cuales deben ser redistribuidos de manera transparente, adecuada y proporcional a los objetivos nacionales, con un énfasis particular en lo socio-productivo. Este proceso de intercambio facilita que los estados dispongan de recursos para financiar la investigación, impulsando el conocimiento, la innovación y la tecnología aplicada, brindando a los países con menor desarrollo relativo la oportunidad de ampliar su participación en el comercio mundial.

Acompañar a los pobres implica una búsqueda constante de la justicia y una distancia del pecado. Una conducta guiada por la palabra divina aleja de las faltas éticas, pero ambas se alcanzan mediante convicciones personales. La justicia individual se consolida cuando una persona se reconoce autónoma y capaz de trascender su situación actual de pobreza para forjar su propio destino. En contraste, un individuo que depende de subsidios indiscriminados puede convertirse en víctima, al no lograr superar su condición de pobreza y asumir una limitación para alcanzar la autonomía que lo libera genuinamente de ella, legitimando su accionar ético y justo a través de la autosuperación.

Fomentar la socialización de la transparencia como un mecanismo para mitigar los riesgos de corrupción también representa una vía legítima para acompañar a los pobres. Sin embargo, es crucial evitar que medidas similares se utilicen como estrategias para obstaculizar la creación de oportunidades de superación económica y social en favor de los más vulnerables.

Aprovecho esta oportunidad para extender mi saludo al pueblo católico mundial, así como a su Santidad León XIV.

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    Pataz: La masacre que revela la debilidad del Estado ante la minería ilegal

    Fuente: Gestión

    Mientras el oro ilegal fluye con impunidad, 13 trabajadores han sido asesinados bajo la protección institucional del crimen. ¿Qué implicaciones tiene esto para la inversión y la estabilidad regional?

    La reciente y trágica muerte de 13 trabajadores en la zona minera de Pataz no solo enluta al sector, sino que también expone una preocupante realidad para el clima de negocios en el Perú. La aparente incapacidad del Estado para imponer el orden en áreas donde la minería ilegal prolifera genera serias interrogantes sobre la seguridad jurídica y la predictibilidad para las inversiones formales.

    La situación en esta provincia de la sierra liberteña, marcada por la emergencia y la inacción estatal, no es un hecho aislado. Denuncias previas y la escalada de violencia hasta el fatídico suceso de diciembre de 2023, donde otros 9 trabajadores perdieron la vida, pintan un panorama de creciente inseguridad que impacta directamente en la operatividad de las empresas y la confianza de los inversores.

    Desde el Congreso se alzan voces demandando una intervención más enérgica del Ejecutivo, reconociendo la urgencia de abordar la minería ilegal no solo como un problema de seguridad, sino también como un factor que distorsiona la economía, fomenta la corrupción y socava el estado de derecho. Las cifras son alarmantes: se estima que la minería ilegal moviliza miles de millones de dólares anualmente, recursos que escapan al control fiscal y a la inversión en desarrollo sostenible.

    La indignación pública crece ante la aparente falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades. La legalización fallida de operaciones informales, lejos de solucionar el problema, parece haber envalentonado a las mafias, que actúan con impunidad ante la mirada pasiva de un Estado que no logra hacer valer su autoridad.

    Esta falta de gobernanza no solo tiene un costo humano irreparable, sino que también genera un ambiente de incertidumbre que desincentiva la inversión formal y responsable. ¿Cómo puede prosperar un clima de negocios donde la ley no se aplica y la vida de los trabajadores no está garantizada?

    La persistente inacción estatal frente a la minería ilegal envía un mensaje peligroso: que, en ciertas zonas del país, la ley es letra muerta. Esto no solo afecta a la región de Pataz, sino que proyecta una imagen de debilidad institucional que puede disuadir a inversores nacionales e internacionales, impactando negativamente en el crecimiento económico del país.

    Pataz es hoy el espejo de un desafío mayor que el Perú debe superar para asegurar un desarrollo económico sostenible y equitativo: la consolidación de un estado de derecho que garantice la seguridad y la justicia para todos.

    Sin decisión política, perdemos el pais.

    Vidalón Guillermo: Comunicador Social especialista en la Industria Extractiva

    El asesinato de mineros en la provincia de Pataz debe llamarnos a reflexión desde los actores políticos, los gremios de trabajadores, empresariales, instituciones académicas, religiosas y todos aquellos que se quieren sumar a una cruzada por el restablecimiento de la ley y el orden, bases sobre las cuales se puede emprender con certeza la construcción de un país más justo, integrado y próspero.

    Cuando el Perú derrota al terrorismo en las décadas del 80 y 90 del siglo XX, hubo una conjunción de factores, el principal fue el hartazgo, la indignación de un país que se veía a la deriva y que sabía que no había otro camino que restablecer la paz; por eso, aprobó la adopción de medidas excepcionales para hacer frente al fenómeno de la subversión.

    Lo que hoy conocemos como prácticas extorsivas por parte de las organizaciones criminales, en la época de la violencia fue romantizado como “exacciones revolucionarias”, el asesinato fue denominado como “el costo social de la revolución”.  En el fondo no eran más eufemismos que trastocaban los valores de los jóvenes, muchos de ellos universitarios, promesas de sus familias para lograr legítimamente condiciones de una vida mejor; pero, estos jóvenes defraudaron a sus familias porque sus mentes fueron envenenadas por una mentalidad criminal.

    Lo que permitió la derrota de la subversión fue, como decíamos líneas arriba, el hartazgo social y, en adición, la reserva moral de quienes siempre tienen en mente que el bien vencerá al mal, que el pecado no logrará imponerse y que la convicción en un ser superior eleva a las personas y a la sociedad hacia un camino de ascenso moral con consecuencias económicas favorables para todos.

    Si el gobierno no toma decisiones oportunas a la altura de las circunstancias, le corresponde a la reserva moral del país salir al frente y manifestar que esta situación no puede continuar, solo así las fuerzas del orden se sentirán respaldadas para actuar con la energía que se requiere. En hechos de conflicto pueden ocurrir excesos, es un riesgo, pero es preferible asumirlos a perder el país. En ningún lugar del mundo al liberador de rehenes se les condena, todo lo contrario, se les premia y reconoce, eso corresponde a la sociedad hacer con la Policía Nacional y las Fuerzas del Orden.

    En la actualidad, la reserva moral de la sociedad tiene al frente una oportunidad histórica emanada del ciclo electoral del 2026, centrar el debate político en cómo derrotar a las bandas criminales convocando a todas las instituciones del estado y de la sociedad civil, la autonomía de algunas instituciones no puede ser óbice para abstenerse de participar. La violencia ya está tocando las puertas de la ciudadanía y no es aceptable fallarle al presente ni al futuro de las próximas generaciones.

    Gracias por leerme, favor compartir. No es momento de silencios sino de actuar.

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