Fuente: La República

La brutal masacre de trece trabajadores en un socavón de Pataz ha desgarrado el velo de la informalidad, exponiendo la cruda realidad de una provincia donde el oro se tiñe de sangre y la minería ilegal ejerce un poderío ominoso. Este trágico suceso no es un hecho aislado, sino la dramática consecuencia de un proceso de formalización minera fallido y la aparente incapacidad del Estado para frenar el avance de organizaciones criminales que se disputan el control de la extracción aurífera bajo el amparo de un cuestionado registro: el Reinfo.

Así lo advierte un análisis del profesor César A. Ipenza Peralta, de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, cuyo lúcido artículo publicado en Diario La República arroja luz sobre las profundas deficiencias de las políticas de formalización y el rol perverso que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha adquirido en este contexto de violencia e impunidad.

Una Crisis Anunciada: Violencia y Formalización Fallida

La reciente matanza en Pataz, donde operan con impunidad bandas criminales como «Los Pulpos» y «La Jauría», no solo enluta a familias, sino que también pone en evidencia la escalada de violencia en una zona rica en oro pero carente de un control estatal efectivo. Veintidós años después de la creación del Reinfo, concebido como una herramienta para la legalización de la pequeña minería y la minería artesanal, los resultados son alarmantes: apenas un exiguo 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse, mientras que un abrumador 79% permanece en un limbo de suspensión.

Esta realidad, lejos de propiciar la formalización y la sostenibilidad, ha convertido al Reinfo, en palabras de diversos especialistas, en un verdadero «manto de impunidad» que permite a las mafias operar sin el temor a ser procesadas penalmente, escudándose en un supuesto proceso de legalización en curso.

La Perspectiva Crítica: Inacción Estatal y Normas Cuestionables

El profesor Ipenza no duda en señalar la falta de voluntad política y la descoordinación entre los poderes del Estado como factores clave que han permitido la expansión descontrolada de la minería ilegal bajo la fachada de la informalidad. Su análisis también cuestiona la ausencia de alternativas económicas viables para las comunidades que dependen de esta actividad, un vacío que perpetúa su vulnerabilidad frente a las redes criminales.

Además, el experto advierte sobre normas recientes que, a su juicio, debilitan el marco legal destinado a combatir el crimen organizado vinculado a la extracción ilegal de minerales. Esta erosión de las herramientas legales, sumada a la ineficacia del Reinfo, dibuja un panorama sombrío donde la ley parece ceder terreno ante el poder de las mafias.

El Desafío Urgente: Una Reforma Integral y Estrategias Sostenibles

La reiterada ampliación de plazos del Reinfo se revela como una medida paliativa que no aborda los problemas estructurales. La solución, según los analistas, exige un enfoque integral que priorice un mayor control de la trazabilidad del oro, mecanismos de fiscalización robustos y, crucialmente, la implementación de alternativas económicas sostenibles para las regiones afectadas.

La gobernanza de los recursos naturales en zonas como Pataz demanda una estrategia que trascienda las respuestas reactivas y temporales, como los estados de emergencia o los toques de queda, que hasta ahora han demostrado ser insuficientes para contener la violencia y el avance de la ilegalidad.

Complicidad a la Vista: Señalamientos al Poder Ejecutivo y al Congreso

La gravedad de la situación en Pataz ha llevado a diversos especialistas a señalar una preocupante complicidad entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para facilitar la expansión de la minería ilegal en el país. Las críticas se centran en normas que amplían el Reinfo y que, en la práctica, favorecen los intereses del crimen organizado, permitiéndoles operar con una sensación de inmunidad.

El asesinato de los trece mineros en Pataz ha encendido un debate nacional sobre el verdadero impacto de la minería ilegal y la necesidad urgente de replantear las estrategias para combatirla. La tragedia en la sierra liberteña clama por respuestas contundentes y un compromiso real del Estado para desarticular las redes criminales y devolver la paz a una región azotada por la violencia y la impunidad. La sombra de Pataz es un recordatorio sombrío del precio de la inacción y la urgencia de una reforma integral que ponga fin a este ciclo de violencia y corrupción.