Fuente: Rumbo Minero

En Madre de Dios la minería ilegal continúa su avance destructivo en la Amazonía peruana, impactando gravemente el entorno de la Reserva Nacional Tambopata, en la provincia del Manu, Madre de Dios. Un reciente reportaje de investigación de Mongabay Latam revela que esta actividad ilícita ha deforestado más de 2,187 hectáreas de bosque en un radio de apenas un kilómetro alrededor de la reserva, una zona de amortiguamiento de 231,000 hectáreas que debería actuar como escudo protector.

El análisis geoespacial citado en el reportaje evidencia la intensa presión de la minería ilegal en áreas colindantes a la reserva, como el río Malinowski y la quebrada Yarinal de la cuenca de Tambopata. Erick Zamalloa, jefe de la Reserva Nacional Tambopata, advierte que incluso los guardaparques han sido objeto de amenazas.

Sin embargo, la problemática trasciende la mera extracción de oro. El reportaje también señala que el crimen organizado ha tomado control de la zona de La Pampa, epicentro de la minería ilegal. Los prostíbulos clandestinos y las redes de trata de personas han evolucionado para evadir las intervenciones policiales. Según la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), las menores víctimas de explotación sexual ahora son escondidas en hoteles o casas y trasladadas solo bajo demanda, dificultando significativamente su rescate.

Otro factor alarmante es el incremento exponencial del cultivo de hoja de coca. Datos oficiales de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) indican que la superficie cultivada aumentó en un 319 % entre 2021 y 2023, pasando de 247 a 1035 hectáreas. Incluso en la zona de amortiguamiento de Tambopata, se talaron tres hectáreas de bosque para sembrar coca el año pasado.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) ha denunciado enérgicamente la falta de control estatal, que ha convertido esta región en un corredor del crimen donde los defensores ambientales luchan sin apoyo contra redes armadas y estructuras mafiosas. El caso de Roberto Pacheco, un joven asesinado en 2020 por proteger su concesión forestal, permanece impune. Su padre, Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, lamenta que solo se le escuchara tras la trágica muerte de su hijo.

A pesar de las numerosas denuncias, las autoridades no han logrado garantizar la protección necesaria. AIDESEP también señala el respaldo político que la minería ilegal ha encontrado en el Congreso y en gobiernos regionales, mencionando a Luis Otsuka, actual gobernador regional y exdirigente minero con concesiones a su nombre y denuncias por corrupción.

Desde AIDESEP, se reafirma la urgencia de justicia para los defensores ambientales y de un freno efectivo a las mafias mineras para evitar la pérdida irreversible de la Amazonía. La organización indígena insta al Estado peruano a tomar decisiones firmes e inmediatas para proteger la vida, los territorios y la integridad de quienes defienden el bosque.