Fuente: El Comercio
«La economía ilegal prospera donde el Estado fracasa. Si queremos un país que no dependa de la ilegalidad y no deprede nuestros recursos, se deben construir alternativas viables», reflexiona Elsa Galarza, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico. En diversas regiones del Perú, la minería ilegal se ha consolidado como una actividad económica principal, ofreciendo a primera vista ingresos inmediatos, dinamismo comercial local y empleo en zonas con histórica ausencia estatal. Sin embargo, este aparente progreso es ilusorio, encubriendo un modelo que genera pobreza estructural, violencia, delincuencia y degradación ambiental, hipotecando el futuro de estas áreas.
Los recientes acontecimientos en Pataz, sumados a la persistente problemática en otras zonas mineras y el debate en torno al Reinfo y la Ley MAPE, revelan que la minería ilegal trasciende lo ambiental y fiscal, siendo una manifestación de un Estado débil, incapaz de ofrecer alternativas económicas sostenibles y de ejercer autoridad territorial. La producción de oro fluye sin control, al igual que la informalidad, las mafias, la trata de personas y el clientelismo político. Comunidades, a menudo atrapadas por la necesidad y el abandono, se ven forzadas a participar en un sistema que les provee ingresos, pero a costa de su salud, seguridad y derechos.
Según estimaciones del IPE para 2024, Perú exportó 92 toneladas de oro ilegal, valorizadas en US$ 7,415 millones, y se proyecta que en 2025 esta cifra podría ascender a entre 105 y 115 toneladas, con un valor aproximado de US$ 12,000 millones. A pesar de esta aparente bonanza, las regiones afectadas no muestran mejoras sostenidas en indicadores sociales. Al contrario, enfrentan mayores tasas de deforestación, contaminación de ríos con mercurio y violentas disputas por el control territorial. En Madre de Dios, más de 100,000 hectáreas de bosques amazónicos han sido devastadas por la minería ilegal, generando graves problemas ambientales y de salud para las comunidades locales e indígenas. La riqueza generada no se reinvierte en infraestructura, educación o servicios públicos, sino que se concentra en redes ilegales que coaccionan, corrompen y distorsionan la economía local.
El problema radica no solo en la ilegalidad, sino en la falta de una visión territorial integral. La respuesta histórica ha sido una represión ineficaz y la indiferencia institucional. Erradicar la minería ilegal exige ofrecer vías de transición económica, que incluyen acceso a crédito, inversión en infraestructura productiva, educación técnica y titulación de tierras. No basta con operativos o estados de emergencia; se requiere una presencia estatal permanente, articulación intergubernamental y una estrategia que combine desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
La economía ilegal prospera donde el Estado falla. Construir alternativas viables implica reconocer que la minería ilegal no es solo una actividad económica, sino un síntoma de un modelo que necesita transformación. Esta realidad se replica en otros sectores como la tala ilegal, el tráfico de tierras, la pesca no regulada y el comercio informal a gran escala, todos floreciendo donde el Estado llega tarde o no llega, y donde la necesidad se impone a la ley. Enfrentar estas economías ilegales exige una reconstrucción profunda del pacto entre el Estado, el territorio y la ciudadanía, más allá de operativos puntuales.
