Fuente: Diario Gestión
La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha emitido una contundente advertencia sobre presuntas irregularidades en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La mandataria señaló que entre 1,000 y 1,500 individuos habrían incurrido en «tráfico» con estos registros, una declaración que surge pocos días después de que se oficializara la extensión de la vigencia del REINFO hasta el 31 de diciembre del presente año.
Según información proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), un total de 31,560 pequeños mineros y mineros artesanales a nivel nacional continuarán con el proceso de formalización. Sin embargo, 50,565 mineros cuya inscripción en el REINFO estaba suspendida por más de un año quedaron excluidos del registro, lo que ha puesto de manifiesto la magnitud del problema.
La presidenta Boluarte detalló que detrás de estas inscripciones excluidas se encontrarían personas que «han venido utilizando el registro para subalquilar o subarrendar espacios donde se llevaba a cabo minería ilegal». Esta práctica, según la mandataria, evidencia el alquiler de permisos o la entrega de documentos a terceros para operar al margen de la ley.
En un contexto de revisión y endurecimiento de las políticas mineras, la denominada «Ley MAPE» (Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería) también será evaluada mañana en el Congreso. Estas acciones gubernamentales buscan combatir de manera frontal las brechas de informalidad y las actividades ilícitas que se camuflan bajo el proceso de formalización, con el objetivo de consolidar un sector minero más transparente y regulado en el país.
