Fuente: Energiminas

Gremio minero cuestiona medida gubernamental y advierte sobre riesgos operativos, económicos y sociales en La Libertad.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha manifestado su profunda preocupación ante la decisión del gobierno de ordenar la paralización total de las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, en la región La Libertad. El gremio empresarial cuestionó que esta medida incluya a las empresas mineras formales que operan en la zona cumpliendo con el marco legal vigente y que, paradójicamente, también sufren las consecuencias del avance descontrolado de la minería ilegal en el territorio nacional.

“Expresamos nuestra preocupación sobre la decisión de la administración gubernamental de ordenar la paralización de todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, incluyendo en dicha medida a las empresas mineras formales que sí cumplen con todo el marco legal vigente y que sufren los embates del avance descontrolado de la minería ilegal en el territorio nacional”, señaló la SNMPE en un comunicado.

Según la SNMPE, esta decisión generará un grave impacto económico y social tanto para la región La Libertad como para el país en su conjunto, y además, «refleja el escaso conocimiento que tiene el Gobierno en torno a las complejidades para el desarrollo de las actividades mineras y los riesgos ambientales, operativos y sociales que implica detener las operaciones por 30 días».

El gremio minero energético argumentó que si el objetivo del gobierno es facilitar el despliegue de las fuerzas del orden en Pataz, la suspensión de las actividades formales resulta innecesaria. La SNMPE explicó que existe una clara diferenciación entre una bocamina legal y una ilegal, ya que las bocaminas ilegales están georreferenciadas, lo que permitiría una actuación oportuna y precisa por parte de la autoridad policial. En este sentido, la SNMPE recordó que las empresas mineras formales siempre han mostrado disposición para colaborar con el Gobierno en la lucha contra la minería ilegal, por lo que resulta «llamativo» que la única alternativa adoptada sea detener la operación formal.

La SNMPE también advirtió que la suspensión de las actividades productivas formales podría facilitar que los mineros ilegales y sus socios, incluyendo organizaciones criminales, tomen el control de las galerías pertenecientes a las empresas formales que operan en la provincia de Pataz.

En este contexto, el gremio alertó sobre los impactos operativos negativos que esta paralización de 30 días podría acarrear para las compañías mineras formales. Se señaló el riesgo de dañar la infraestructura básica de la cadena productiva si no se permite la realización de tareas esenciales de cuidado y mantenimiento, así como la presencia del personal necesario para llevar a cabo estas labores.

“Una unidad de producción minera no puede detenerse, operativamente hablando, de golpe. Esto implica un riesgo, por ejemplo, de colapso de la presa de relaves, que debe monitorearse las 24 horas. Esto sin contar riesgos de infraestructura, como posibles inundaciones o acumulación de gases, si no está el personal que monitorea y controla estos sistemas de bombeo”, detalló la SNMPE.

Otro efecto preocupante de esta medida es la potencial pérdida de más de 4 mil puestos de trabajo directos e indirectos. La paralización de las actividades mineras formales podría llevar a la invocación de la suspensión perfecta de labores, dejando a los trabajadores sin remuneración y provocando la interrupción de la cadena de pagos, afectando a contratistas, pequeños negocios y a las comunidades vecinas.

La Libertad, que aporta el 33% de la producción de oro a nivel nacional, enfrentaría pérdidas significativas tanto para las mineras formales como para las comunidades que les brindan servicios, quienes ya son víctimas de la minería ilegal. En términos de recursos para la región, se estima una reducción de S/ 25 millones mensuales por concepto de canon y regalías generadas por la minería formal. A nivel nacional, se dejarían de percibir divisas por exportaciones por un monto superior a los US$ 80 millones al mes.

Finalmente, la SNMPE señaló que el Congreso de la República también tiene responsabilidad en el descontrol de la minería ilegal en el país, debido a que la aprobación de continuas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha servido, en la práctica, para encubrir las actividades ilícitas de los mineros ilegales.