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Fuente: Rumbo Minero
Lima, Perú – En un intento por restablecer el orden y combatir la creciente influencia de la minería ilegal en la región de Pataz, La Libertad, el Gobierno peruano anunció la suspensión total de las actividades mineras en el distrito por un período inicial de 30 días, con la posibilidad de prórroga. Esta medida busca facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona, foco reciente de actos de violencia extrema.
Durante el periodo de suspensión, el Ejecutivo procederá a la exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de aquellos mineros cuyas actividades queden paralizadas. El REINFO, creado en 2016 con el objetivo de formalizar a los mineros artesanales e informales, otorga una exención de responsabilidad penal por minería ilegal mientras los inscritos avanzan en su proceso de formalización.
Ante este anuncio, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), si bien saludó la acción del Ejecutivo, manifestó su preocupación por una posible extensión del plazo de suspensión y solicitó enfáticamente que la medida no se aplique a las empresas mineras formales.
«Debo entender que la suspensión de actividades mineras se refiere a aquellas de los mineros ilegales, no de las mineras artesanales, de la pequeña, mediana o gran minería que sí son formales y cumplen con las normas. No se tendría por qué castigar al minero que cumple con las normas. Espero que ese sea el detalle que nos dé el Ejecutivo, caso contrario nos perjudicamos todos», precisó la representante del gremio minero.
Adicionalmente, Torreblanca expresó la expectativa del sector de que «no se siga extendiendo indefinidamente el proceso de formalización», abogando por la efectividad de la Ley MAPE para que los pequeños y medianos mineros comprendan sus obligaciones y derechos en el marco de la legalidad.
La magnitud del problema de la minería ilegal en el país quedó evidenciada con cifras alarmantes. Se estima que esta actividad ilícita representa un costo de S/ 22,700 millones para el Perú, equivalente al 2.5% del PBI. Un informe de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) reveló además que la provincia de Pataz se ha convertido en un punto crítico, con una salida diaria de aproximadamente 600 toneladas de oro ilegal.
