Caso Pataz: Ministerio Público avanza en diligencias para identificar a responsables de masacre minera

Fuente: Rumbo Minero

Pataz, La Libertad – Tras el brutal ataque que cobró la vida de 13 trabajadores de la empresa contratista R&R, que prestaba servicios a la Compañía Minera Poderosa, la Fiscalía Provincial Corporativa Mixta de Pataz ha intensificado las diligencias investigativas para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables del secuestro agravado y homicidio.

Enrique Valverde Cabrera, titular de la fiscalía provincial a cargo del caso, informó que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue de Trujillo, donde se llevaron a cabo los procedimientos de identificación y las necropsias médico-legales. Estos análisis forenses son cruciales para determinar las causas exactas de la muerte y obtener pruebas relevantes para la investigación penal.

Como parte de las acciones en el lugar de los hechos, la Fiscalía ordenó la incautación de municiones percutadas y artefactos explosivos hallados en tres accesos a la zona conocida como Rampa Yuli, donde fueron encontrados los cadáveres. Este material probatorio será sometido a exhaustivas pericias balísticas forenses por parte de la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Trujillo.

El Ministerio Público, a través de un comunicado, reafirmó su firme compromiso con la búsqueda de justicia en este caso que ha generado conmoción a nivel nacional. La institución aseguró que no cejará en sus esfuerzos hasta lograr la identificación y el procesamiento de todos los involucrados en este crimen. Asimismo, la Fiscalía enfatizó que mantendrá una coordinación directa y estrecha con la Policía Nacional del Perú para acelerar la identificación de los autores de la masacre.

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    Gobierno declara estado de emergencia en Pataz y despliega Fuerzas Armadas tras masacre de mineros

    Fuente: Caretas

    Lima, Perú – En respuesta a la escalada de violencia que culminó con el hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores de la minera Poderosa, secuestrados el 25 de abril y ejecutados por presuntos sicarios vinculados a la minería ilegal, la presidenta Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en el distrito de Pataz, región La Libertad.

    En un pronunciamiento oficial, la mandataria anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas, quienes asumirán el control total de la zona minera con el objetivo primordial de restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población. «Estamos comprometidos en erradicar la minería ilegal que tanto daño hace a nuestra patria», enfatizó Boluarte.

    El Gobierno también comunicó la instalación de una base de operaciones de la División de Operaciones Especiales (DINOES) en la región. Se desplegarán más de 200 efectivos policiales, incluyendo personal del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECO) y unidades de inteligencia, para reforzar la seguridad y enfrentar a las bandas criminales que operan en la zona.

    La minera Poderosa ha denunciado reiteradamente que la región se ha convertido en un territorio sin ley, dominado por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal, donde prevalecen la violencia y el terror. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la violencia persiste, con al menos 39 asesinatos de trabajadores y ataques a instalaciones reportados en la región.

    Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación y criticado la respuesta estatal, subrayando la necesidad de una presencia efectiva y una voluntad política firme para abordar la creciente influencia del crimen organizado en la región y garantizar la protección de los ciudadanos.

    Confiep: Violencia en Pataz evoca época del terrorismo y revela pérdida de control estatal

    Fuente: Rumbo Minero

    Lima, Perú – La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) emitió un enérgico pronunciamiento tras el brutal asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad, advirtiendo sobre la grave situación de inseguridad que azota no solo esa zona, sino gran parte del territorio nacional.

    En un comunicado de tono contundente, la Confiep comparó la barbarie del crimen con los años de terrorismo. «La barbarie exhibida en la ejecución de estos 13 mineros, previamente secuestrados, nos traslada a los años en que actuaban en el país Sendero Luminoso y el MRTA», señaló la organización, calificando a Pataz como una «zona liberada» bajo el control de economías ilegales, a pesar del vigente estado de emergencia.

    El gremio empresarial condenó enérgicamente este «salvaje crimen» y extendió sus condolencias a las familias de las víctimas, en un contexto de escalada de violencia que ya suma 39 asesinatos tan solo en Pataz. Para la Confiep, esta masacre es una clara manifestación del «descontrol» que atraviesa el país y de la falta de una estrategia efectiva por parte del Ejecutivo para hacer frente a la criminalidad.

    La Confiep demandó una acción coordinada y responsable por parte del Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y todas las instancias del Estado, instándolos a dejar de lado las diferencias políticas para enfrentar de manera conjunta el avance del crimen organizado. «Es inaceptable que el Estado no esté a la altura de lo que el país demanda», enfatizó el documento.

    Asimismo, la organización empresarial instó a las autoridades a debilitar las fuentes de financiamiento de las bandas armadas y a implementar acciones de inteligencia y operativos fiscales coordinados, con el objetivo de confrontar lo que ya consideran prácticas con tintes terroristas.

    Finalmente, la Confiep exigió a los Poderes del Estado que «tomen esta situación con la seriedad y urgencia que la población exige» y trabajen de forma conjunta. «Es lo menos que puede esperar un ciudadano de sus autoridades», concluyó el pronunciamiento difundido en la fecha.

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