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Fuente: Perú 21
Foto: Andina
El gobierno de Dina Boluarte ha generado controversia al anunciar que el jefe del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, viajarán a la zona de Pataz recién el próximo sábado, a pesar de los recientes ataques perpetrados por mineros ilegales contra la mina Poderosa. Esta demora en la respuesta ha sido criticada por la empresa minera y ha generado preocupación sobre la efectividad de las medidas tomadas para abordar la creciente violencia en la región.
Ataques y víctimas en Pataz
Los ataques perpetrados por mineros ilegales en la zona de Pataz han dejado un saldo de cuatro víctimas mortales y nueve heridos, dos de ellos de gravedad. La violencia desatada por estos grupos criminales ha generado alarma y preocupación en la región, donde la minería ilegal se ha convertido en una fuente de conflicto y criminalidad.
Ausencia de comunicación y respuesta
Según Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la minera Poderosa, a más de 48 horas de los atentados, ningún funcionario del régimen de Dina Boluarte se ha comunicado con la empresa para adoptar medidas urgentes. De hecho, el nuevo ministro del Interior, Julio Díaz, no ha emitido ninguna declaración al respecto. Esta falta de comunicación y respuesta ha generado críticas y preocupación sobre la capacidad del gobierno para abordar la crisis en Pataz.
Viaje postergado y medidas anunciadas
El jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, anunció que viajará a la zona de Pataz junto al ministro de Defensa el próximo sábado. Según sus declaraciones, el gobierno reconoce que la violencia en la región tiene su origen en el crimen organizado vinculado a la minería ilegal.
Adrianzén detalló que se han identificado aproximadamente 40 bocatomas de mina en la zona, de las cuales más de la mitad estarían en manos de mineros ilegales. Además, informó que el Ministerio del Interior ha recibido instrucciones para actuar de inmediato y que se están ultimando detalles para la implementación de un frente policial.
Medidas adicionales y cooperación
El titular de la PCM adelantó que la minera Poderosa entregará un edificio de cinco pisos para albergar a los efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas que permanecerán en el lugar. Además, en abril se entregará el primero de los tres puestos de control que se establecerán en los accesos a la zona minera.
Estos puntos de control contarán con una dotación especial de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Gobierno evalúa realizar más operativos de interdicción para impedir el ingreso de insumos utilizados en la minería ilegal y la incautación del material extraído de manera ilícita.
Contexto de la minería ilegal en Pataz
La minería ilegal en la región de Pataz ha sido un problema persistente durante años. La falta de control y regulación ha permitido que grupos criminales se aprovechen de la riqueza mineral de la zona, generando violencia y conflictos.
La minería ilegal no solo tiene un impacto negativo en la seguridad y la estabilidad de la región, sino que también causa graves daños ambientales. La extracción ilegal de minerales a menudo implica el uso de métodos destructivos que contaminan el agua y el suelo, y destruyen los ecosistemas locales.
Implicaciones y perspectivas
La demora en la respuesta del gobierno ante la crisis en Pataz plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas tomadas para abordar la situación. La falta de comunicación y la aparente falta de urgencia en la acción han generado críticas y preocupación.
Es fundamental que el gobierno tome medidas inmediatas y efectivas para proteger a la población y garantizar la seguridad en la región. Esto incluye el despliegue de fuerzas de seguridad, la investigación y persecución de los grupos criminales, y la implementación de programas de desarrollo sostenible que ofrezcan alternativas económicas a la minería ilegal.
