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Lo que nació como una vía para la formalización de la minería artesanal y a pequeña escala se ha transformado en una extensión casi indefinida, cuya ineficacia alimenta las arcas de la delincuencia organizada. La ampliación constante del plazo para inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha permitido que grupos criminales operen con impunidad bajo una fachada de legalidad, a pesar de que la minería artesanal y la pequeña minería representan una porción minoritaria del sector.
Las cifras del impacto de esta actividad ilícita son escalofriantes. Un reciente análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que aproximadamente el 44% de las exportaciones de oro del Perú tienen su origen en la minería ilegal, lo que se traduce en una pérdida económica cercana a los US$5,000 millones anuales. Este volumen sitúa al Perú como un epicentro de esta actividad en Latinoamérica, responsable de entre el 44% y 45% del oro ilegal exportado desde la región.
El contexto de precios del oro en niveles históricamente elevados actúa como un incentivo perverso que exacerba estas prácticas ilícitas. Las consecuencias son devastadoras, abarcando no solo el ámbito económico, con la fuga de capitales y la evasión de impuestos, sino también el social, con la generación de violencia y la explotación laboral, y el ambiental, con la destrucción de ecosistemas y la contaminación de fuentes de agua.
Ante este panorama crítico, el IPE, en su estudio «Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería informal e ilegal», ha emitido una recomendación contundente: la necesidad de implementar políticas claras y predecibles, siendo el cierre definitivo del REINFO el primer paso crucial para combatir eficazmente esta problemática.
En una entrevista reciente con el programa “N Portada” de Canal N, Victor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, profundizó en esta situación, ofreciendo detalles alarmantes sobre cómo la persistencia de un REINFO sin plazos definidos se ha convertido en un salvoconducto para la operación de mafias que se lucran a costa del país. La inacción ante esta realidad no solo perpetúa la sangría económica, sino que también socava la autoridad del Estado y alimenta la criminalidad en diversas regiones del Perú.
