Fuente: Radio San Martin

En una medida que ha generado controversia y debate, la presidenta Dina Boluarte promulgó una nueva normativa que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la minería ilegal, siempre y cuando se declare previamente un estado de emergencia en la zona afectada. La modificación del Decreto Legislativo 1095 busca, según el Ejecutivo, subsanar los vacíos legales que hasta ahora limitaban la acción militar frente a este delito que consideran una amenaza a la seguridad nacional.

Durante la ceremonia de promulgación, la mandataria calificó la medida como “necesaria, legítima y urgente”, reafirmando su firme decisión de confrontar al crimen organizado. Boluarte enfatizó que esta nueva ley fortalece el control del territorio peruano y cuenta con el respaldo del Congreso de la República. En un tono enérgico, también respondió a las críticas provenientes de sectores legales, declarando: “No más tibieza”, sugiriendo que dichas objeciones favorecen a los delincuentes involucrados en la minería ilegal.

Este nuevo marco legal amplía significativamente el rol de las Fuerzas Armadas, otorgándoles una participación activa en contextos que tradicionalmente eran competencia principal de la Policía Nacional. Si bien el gobierno ha defendido esta decisión como parte de una estrategia integral para garantizar la seguridad del país, diversas voces han manifestado su preocupación. Sectores de la sociedad civil advierten que la participación militar en tareas de seguridad interna podría aumentar el riesgo de abusos o excesos, particularmente en áreas donde la minería informal y las comunidades locales coexisten.

El Ejecutivo ha informado que, en coordinación con la Policía Nacional, ya se han llevado a cabo más de 2,600 patrullajes conjuntos. Estos operativos han resultado en la captura de miembros de bandas criminales y la incautación de armamento. Sin embargo, el impacto real de estas acciones conjuntas en el control efectivo del crimen organizado y la protección del medio ambiente, gravemente afectado por la minería ilegal, aún se encuentra en proceso de evaluación. La implementación de esta nueva normativa y sus consecuencias serán objeto de un atento seguimiento por parte de la opinión pública y las organizaciones de derechos humanos.