Minera Las Bambas y Ministerio de Vivienda impulsan obras de saneamiento y vivienda para más de 116,000 personas
Fuente: Las Bambas
Acuerdo de colaboración interinstitucional beneficiará a pobladores de Cotabambas, Grau, Chumbivilcas y Espinar, promoviendo el desarrollo sostenible en la región.
En un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo sostenible en la zona de influencia de su operación, Minera Las Bambas ha formalizado un convenio de colaboración interinstitucional con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Este acuerdo estratégico tiene como objetivo la ejecución de proyectos clave bajo los programas del Ministerio, beneficiando directamente a 116,940 personas en las provincias de Cotabambas, Grau, Chumbivilcas y Espinar.
La colaboración se centrará en el desarrollo de iniciativas de vivienda, construcción y saneamiento, buscando optimizar el acceso a agua potable, saneamiento básico y vivienda digna para los habitantes de estas provincias. Se espera que estos proyectos tengan un impacto significativo en la mejora de la calidad de vida de la población, al tiempo que impulsan un desarrollo más sostenible en la región.
Este acuerdo representa un paso importante en la articulación de esfuerzos entre el sector privado y el gobierno para abordar las necesidades de las comunidades y promover el progreso social en las áreas donde opera la minería. La iniciativa subraya el compromiso de Minera Las Bambas con el desarrollo integral de su entorno, más allá de su actividad extractiva.
Se espera que la implementación de estos proyectos genere un impacto positivo no solo en la calidad de vida de los beneficiarios directos, sino también en la economía local, a través de la creación de empleo y la dinamización de la actividad productiva en las provincias involucradas. Este tipo de alianzas estratégicas son fundamentales para construir un futuro más próspero y equitativo en las regiones donde la minería juega un rol importante.
Alarma en el sector: Perú bate récord en exportación de oro ilegal, superando los US$ 7,000 millones en 2024
Fuente: Colectivo PAS
Informes revelan un incremento del 20% en el volumen de oro ilegal exportado, generando pérdidas millonarias en impuestos y fortaleciendo a las redes criminales.
Un nuevo informe ha encendido las alarmas en el sector empresarial peruano, revelando un preocupante récord en la exportación de oro ilegal durante el año 2024. Según datos recientes, el país habría perdido el control sobre la extracción y comercialización ilícita del metal precioso, alcanzando la cifra de 92 toneladas exportadas, lo que representa un aumento del 20% en comparación con las 77 toneladas registradas en 2023.
El valor estimado de este volumen de oro ilegal en el mercado internacional superó los US$ 7,000 millones. Lo más alarmante para la economía formal es que esta vasta cantidad de oro salió del país sin generar ningún tipo de impuesto ni beneficio para el Estado, sino todo lo contrario, impulsando actividades ilícitas y debilitando la recaudación fiscal.
La situación pone de manifiesto la creciente fortaleza de las redes criminales que operan en la minería ilegal, aprovechando la falta de control y la porosidad de las fronteras para la salida de este valioso recurso. La ausencia de regulación y fiscalización efectiva no solo implica pérdidas económicas significativas para el país, sino que también conlleva graves consecuencias ambientales y sociales en las zonas de extracción.
Este alarmante récord subraya la urgente necesidad de implementar medidas más robustas y efectivas por parte de las autoridades para combatir la minería ilegal en todas sus etapas, desde la extracción hasta la comercialización y exportación. El sector empresarial formal demanda acciones concretas que garanticen la trazabilidad del oro, fortalezcan los controles aduaneros y sancionen severamente a quienes participan en estas actividades ilícitas.
La pérdida de miles de millones de dólares en ingresos fiscales, sumada al impacto negativo en la imagen del país y al fortalecimiento de la criminalidad, exige una respuesta inmediata y coordinada entre el gobierno, las empresas formales y la sociedad civil para frenar esta tendencia y recuperar el control sobre un recurso natural estratégico para el Perú.
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