Roque Benavides lanza alerta: Minería informal supera seis veces al narcotráfico en Perú

Fuente: Rumbo Minero

Lima, Perú – En una contundente advertencia sobre la magnitud de la minería ilegal en el país, Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, reveló en exclusiva para Rumbo Minero TV cifras que dimensionan la gravedad del problema. Según su análisis, esta actividad ilícita mueve un volumen económico seis veces mayor que el narcotráfico, representando una creciente amenaza para el desarrollo nacional, la seguridad ciudadana y la preservación del medio ambiente.

Las declaraciones de Benavides se producen en un contexto donde la minería ilegal ha alcanzado niveles alarmantes, con un flujo de capital que supera los 12 mil millones de dólares. Un dato aún más preocupante es que, durante el 2023, Perú se erigió como el principal punto de origen del 45% del oro ilegal exportado desde Latinoamérica, evidenciando la urgencia de abordar esta problemática de manera integral.

Si bien el despliegue de las Fuerzas Armadas constituye una medida paliativa, Benavides enfatizó que la solución de fondo radica en atacar la informalidad. En este sentido, propuso la implementación de una política de formalización eficiente, que se sustente en mecanismos de mercado y una drástica simplificación de los trámites burocráticos que actualmente obstaculizan el acceso a la legalidad para los pequeños mineros.

El experimentado empresario minero describió el sistema actual como una «trampa» para los actores de menor escala. «La gran minería puede resistir años de trámites, pero al pequeño minero le hacen la vida pedazos. El sistema es perverso», sentenció, refiriéndose a la participación de hasta 18 entidades en el engorroso proceso de formalización. Ante esta realidad, Benavides abogó por la creación de una «ventanilla única» que consolide los procedimientos y agilice el camino hacia la formalidad.

La preocupación de Benavides trascendió el ámbito económico y ambiental, al alertar sobre la potencial infiltración de intereses ilegales en la esfera política.

«Hay rumores de que en el Congreso hay representantes de los mineros ilegales. No puedo asegurarlo, pero debemos enfrentar este problema que hoy viene con delincuencia y corrupción», manifestó con firmeza.

En línea con la necesidad de comprender a fondo la estructura de esta economía subterránea, recomendó la realización de un censo nacional de la minería informal, con el objetivo de identificar a todos los actores involucrados, desde los proveedores de maquinaria hasta quienes se encargan del procesamiento y transporte del mineral ilegal.

A pesar del complejo panorama, Roque Benavides reafirmó su convicción en el rol fundamental de la minería formal como motor de crecimiento para el país. Recordó que esta actividad estratégica aporta cerca del 15% al Producto Bruto Interno (PBI), representa el 60% de las exportaciones totales y consume el 50% de la energía eléctrica a nivel nacional. «Gracias a la minería, el Perú tiene una de las tarifas eléctricas más bajas del mundo», destacó. Finalmente, hizo un llamado a superar los prejuicios y a respaldar a todos los sectores productivos que generan empleo y riqueza. «La pobreza no espera», concluyó, reiterando su compromiso con una minería responsable, descentralizadora y, sobre todo, formal.

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    Caso Pataz: Ministerio Público avanza en diligencias para identificar a responsables de masacre minera

    Fuente: Rumbo Minero

    Pataz, La Libertad – Tras el brutal ataque que cobró la vida de 13 trabajadores de la empresa contratista R&R, que prestaba servicios a la Compañía Minera Poderosa, la Fiscalía Provincial Corporativa Mixta de Pataz ha intensificado las diligencias investigativas para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables del secuestro agravado y homicidio.

    Enrique Valverde Cabrera, titular de la fiscalía provincial a cargo del caso, informó que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue de Trujillo, donde se llevaron a cabo los procedimientos de identificación y las necropsias médico-legales. Estos análisis forenses son cruciales para determinar las causas exactas de la muerte y obtener pruebas relevantes para la investigación penal.

    Como parte de las acciones en el lugar de los hechos, la Fiscalía ordenó la incautación de municiones percutadas y artefactos explosivos hallados en tres accesos a la zona conocida como Rampa Yuli, donde fueron encontrados los cadáveres. Este material probatorio será sometido a exhaustivas pericias balísticas forenses por parte de la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Trujillo.

    El Ministerio Público, a través de un comunicado, reafirmó su firme compromiso con la búsqueda de justicia en este caso que ha generado conmoción a nivel nacional. La institución aseguró que no cejará en sus esfuerzos hasta lograr la identificación y el procesamiento de todos los involucrados en este crimen. Asimismo, la Fiscalía enfatizó que mantendrá una coordinación directa y estrecha con la Policía Nacional del Perú para acelerar la identificación de los autores de la masacre.

    Gobierno declara estado de emergencia en Pataz y despliega Fuerzas Armadas tras masacre de mineros

    Fuente: Caretas

    Lima, Perú – En respuesta a la escalada de violencia que culminó con el hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores de la minera Poderosa, secuestrados el 25 de abril y ejecutados por presuntos sicarios vinculados a la minería ilegal, la presidenta Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en el distrito de Pataz, región La Libertad.

    En un pronunciamiento oficial, la mandataria anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas, quienes asumirán el control total de la zona minera con el objetivo primordial de restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población. «Estamos comprometidos en erradicar la minería ilegal que tanto daño hace a nuestra patria», enfatizó Boluarte.

    El Gobierno también comunicó la instalación de una base de operaciones de la División de Operaciones Especiales (DINOES) en la región. Se desplegarán más de 200 efectivos policiales, incluyendo personal del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECO) y unidades de inteligencia, para reforzar la seguridad y enfrentar a las bandas criminales que operan en la zona.

    La minera Poderosa ha denunciado reiteradamente que la región se ha convertido en un territorio sin ley, dominado por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal, donde prevalecen la violencia y el terror. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la violencia persiste, con al menos 39 asesinatos de trabajadores y ataques a instalaciones reportados en la región.

    Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación y criticado la respuesta estatal, subrayando la necesidad de una presencia efectiva y una voluntad política firme para abordar la creciente influencia del crimen organizado en la región y garantizar la protección de los ciudadanos.

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