El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la inversión pública alcanzó una ejecución de S/ 11 641 millones durante el primer trimestre de 2026, cifra que constituye un récord histórico para este periodo y representa un crecimiento de 3,5% frente al mismo trimestre del año anterior. El resultado consolida una tendencia positiva en la capacidad de gasto del Estado peruano y tiene implicancias directas para sectores estratégicos como infraestructura, educación, salud y saneamiento, pilares del entorno en que opera la industria minero-energética nacional.
Marzo, el mes de mayor impulso: S/ 5 130 millones ejecutados
El desempeño trimestral estuvo traccionado por un marzo excepcional. Solo en ese mes, la ejecución llegó a S/ 5 130 millones, lo que representa:
- Un incremento de S/ 1 491,8 millones respecto a febrero de 2026
- Un crecimiento de cerca del 18% en comparación con marzo de 2025
Este salto mensual refleja una aceleración en la capacidad de ejecución que el MEF atribuye, en parte, al acompañamiento técnico brindado a los gobiernos subnacionales durante los primeros meses del año.
Distribución por niveles de gobierno: los regionales lideran el crecimiento
El primer trimestre de 2026 mostró una distribución activa de la inversión en los tres niveles de gobierno:
- Gobierno Nacional: S/ 4 928 millones — mayor ejecutor absoluto del trimestre
- Gobiernos locales: S/ 3 607 millones — reflejo de la descentralización del gasto en obras municipales
- Gobiernos regionales: S/ 3 105 millones — con un crecimiento de más del 25% respecto al mismo periodo de 2025, el dato más destacado en términos de dinamismo
El avance de los gobiernos regionales es especialmente relevante para el sector minero-energético, dado que muchas de las regiones con mayor actividad extractiva —Cusco, Arequipa, Puno, Cajamarca, Áncash— dependen del canon minero como fuente principal de financiamiento de sus inversiones públicas.
El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó el rol de asistencia técnica que viene cumpliendo el MEF: «Venimos acompañando técnicamente a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales y distritales para fortalecer su gestión y contribuir a una mejor ejecución de las inversiones en beneficio de la población. El objetivo del Gobierno es que las obras concluyan en los plazos previstos y se traduzcan en una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos».
Los sectores que concentraron la inversión
A nivel nacional, cinco sectores absorbieron la mayor parte de la ejecución del primer trimestre de 2026:
| Sector | Monto ejecutado |
|---|---|
| Transporte | S/ 3 610 millones |
| Educación | S/ 1 720 millones |
| Salud | S/ 1 575 millones |
| Saneamiento | S/ 1 056 millones |
| Orden público y seguridad | S/ 973 millones |
El liderazgo del sector transporte es coherente con la prioridad que el Estado ha asignado a la mejora de la conectividad vial, factor crítico para la logística de los proyectos mineros en zonas alejadas. La inversión en saneamiento, por su parte, tiene un vínculo directo con los compromisos sociales que las empresas extractivas asumen en sus áreas de influencia.
Implicancias para el entorno minero-energético
Para el sector minero-energético, el comportamiento de la inversión pública es un indicador de contexto relevante por varias razones. Una mayor ejecución en infraestructura de transporte y servicios básicos mejora las condiciones logísticas y sociales en las zonas de operación. Al mismo tiempo, el crecimiento del gasto regional —financiado en buena medida por el canon y las regalías mineras— es un termómetro de la contribución fiscal que la industria extractiva realiza al desarrollo territorial del país.
El récord del primer trimestre de 2026 también envía una señal al mercado: el Estado peruano está mejorando su capacidad de ejecución, lo que puede incidir positivamente en la percepción del riesgo país y en el clima general para la inversión privada.
El MEF informó que continuará fortaleciendo la asistencia técnica a las entidades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de sostener el ritmo de ejecución y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en obras concluidas y servicios de calidad para la población.
