Las operaciones sospechosas vinculadas a minería ilegal en el Perú se multiplicaron por ocho entre 2016 y 2025, reflejando el fuerte crecimiento de esta economía ilícita y su impacto sobre el sistema financiero, la inversión y la competitividad del país.
Así lo advirtió el Instituto Peruano de Economía en un reciente análisis sobre el avance de la minería ilegal y las propuestas políticas para enfrentar este problema.
Exportaciones ilegales superan US$ 11.500 millones
Según el IPE, las exportaciones de oro ilegal alcanzaron más de US$ 11.500 millones en 2025.
La cifra representa un incremento de 55% respecto de 2024 y equivale a un valor 6,5 veces superior al registrado hace una década.
El crecimiento responde principalmente al fuerte aumento del precio internacional del oro, que superó los US$ 4.500 por onza durante 2025.
Operaciones sospechosas crecen aceleradamente
El informe señala además que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a minería ilegal enviados a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS alcanzaron US$ 6.036 millones en 2025.
En comparación, en 2024 estos reportes sumaban US$ 1.407 millones.
El crecimiento fue mucho más acelerado que el registrado en otros delitos financieros durante el mismo periodo.
Denuncias también aumentan
Las denuncias por minería ilegal ante el Ministerio Público también se duplicaron entre 2021 y 2025, pasando de 1.266 a 2.601 casos a nivel nacional.
Las regiones con mayores incrementos fueron La Libertad, Cajamarca y Madre de Dios.
En La Libertad, las denuncias crecieron de 146 a 419 casos. En Cajamarca aumentaron de 33 a 260, mientras que en Madre de Dios subieron de 245 a 427.
Inversiones mineras en riesgo
El IPE advirtió que la expansión de la minería ilegal ya afecta inversiones formales superiores a US$ 12 mil millones.
Entre los proyectos impactados figuran Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira.
Además, el instituto alertó sobre el deterioro de la competitividad minera del país.
Según el Instituto Fraser, Perú pasó de superar al 83% de jurisdicciones evaluadas en 2018 a apenas el 40% en 2025.
Pataz y Tambopata bajo presión
El informe señala que la minería ilegal ya comparte territorio con otras economías ilícitas en zonas como Pataz y Tambopata.
En estos territorios, la actividad ilegal convive con narcotráfico, violencia y crimen organizado, complicando la capacidad de control del Estado.
REINFO sigue en debate
El IPE también revisó las propuestas de partidos políticos frente a la minería ilegal.
Uno de los principales cuestionamientos es que ninguna agrupación plantea eliminar el REINFO ni establecer plazos definitivos para concluir el proceso de formalización.
Según el análisis, solo el 2,4% de inscritos logró formalizarse en más de diez años.
Riesgos para inversión formal
El estudio también cuestionó propuestas relacionadas con reducción de plazos de concesiones mineras y mayor intervención estatal en comercialización de oro.
De acuerdo con el IPE, estas medidas podrían aumentar incertidumbre jurídica, desalentar inversión formal y facilitar el avance de actividades ilegales.
El instituto enfatizó que combatir la minería ilegal requiere una estrategia integral basada en trazabilidad robusta, fiscalización sostenida, presencia efectiva del Estado y cooperación internacional.
Un desafío estructural para el país
El informe concluye que el próximo gobierno enfrentará una minería ilegal consolidada, altamente rentable y con creciente capacidad de infiltración económica.
En consecuencia, advierte que no actuar con rapidez podría profundizar el impacto sobre el ambiente, la recaudación fiscal, la seguridad y la competitividad minera del Perú.
