Una protesta registrada en Mongolia interrumpió temporalmente las exportaciones de concentrado de cobre desde Oyu Tolgoi, uno de los proyectos mineros más importantes del mundo y considerado clave para cubrir la creciente demanda global del metal rojo.
El bloqueo fue realizado por integrantes del Movimiento de Reforma Radical, quienes exigen una mayor participación de la población mongola en los beneficios generados por la explotación de los recursos minerales del país.
La manifestación impidió temporalmente el tránsito de los camiones que transportan concentrado desde la mina, ubicada en el desierto de Gobi, hasta la frontera con China, principal destino de sus exportaciones.
Aunque la interrupción fue limitada, el hecho generó atención internacional debido a la importancia estratégica de Oyu Tolgoi dentro del mercado mundial del cobre.
Una mina clave para la transición energética
Oyu Tolgoi es operada por Rio Tinto, que controla el 66% del proyecto, mientras que el Estado mongol posee el 34% restante a través de la empresa estatal Erdenes Mongol.
La operación inició su producción a cielo abierto en 2011 y comenzó a procesar concentrados en 2013. En los últimos años se ha desarrollado la explotación subterránea, considerada la etapa más relevante del proyecto por el volumen y calidad de sus recursos minerales.
Las proyecciones indican que, una vez alcanzada su capacidad plena, la mina podrá producir alrededor de 500.000 toneladas de cobre al año, posicionándose entre las cuatro operaciones cupríferas más grandes del planeta.
Este potencial resulta especialmente relevante en un escenario donde la demanda de cobre continúa creciendo debido a la expansión de las energías renovables, los vehículos eléctricos, los centros de datos y la infraestructura asociada a la transición energética.
Tensiones entre el Estado y la empresa
La protesta también refleja las tensiones que han surgido en los últimos años entre el gobierno de Mongolia y Rio Tinto respecto a los beneficios económicos del proyecto.
En 2022, la compañía acordó cancelar aproximadamente US$ 2.400 millones de deuda vinculada a la participación estatal en la mina. Sin embargo, posteriormente surgieron controversias relacionadas con presuntos pagos insuficientes de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2021 y 2022.
Las autoridades mongolas han manifestado además su interés en revisar algunas condiciones económicas del proyecto con el objetivo de incrementar la participación nacional en los ingresos generados por la explotación minera.
Para los analistas, el episodio evidencia cómo los factores sociales y políticos continúan siendo determinantes para el desarrollo de grandes proyectos mineros y para la estabilidad futura del suministro mundial de cobre.
