La minería ilegal en Perú mueve más de US$ 12,000 millones al año. Así lo informó Rodolfo García durante proEXPLO 2026.
Según la Presidencia del Consejo de Ministros, esta economía ilícita supera diez veces al narcotráfico. En ese sentido, se ha convertido en uno de los principales desafíos del país.
Operativos se duplican en dos años
El Estado incrementó las interdicciones contra minería ilegal. En 2024 se realizaban 62 operativos mensuales en promedio.
Sin embargo, en 2026 la cifra supera las 130 acciones al mes. En consecuencia, se evidencia un mayor despliegue estatal.
Durante los últimos dos años se ejecutaron más de 2,300 operativos. Además, los decomisos superaron los S/ 7,000 millones.
Impacto ambiental en la Amazonía
La actividad ilegal ha devastado más de 140,000 hectáreas de bosques. Asimismo, contaminó al menos 225 cuerpos de agua.
Las regiones más afectadas son Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco.
En ese contexto, el uso de mercurio afecta ecosistemas y comunidades indígenas. Por ello, crece la preocupación ambiental y sanitaria.
Precio del oro impulsa expansión
El aumento del precio internacional del oro incentiva estas actividades. El metal superó los US$ 5,000 por onza.
En consecuencia, la rentabilidad ilegal aumentó considerablemente. Esto acelera la expansión de operaciones clandestinas.
Estrategia estatal y modelo Pataz
El Gobierno aprobó una estrategia nacional en 2025. Esta involucra a 18 instituciones públicas.
Uno de los principales mecanismos es el “modelo Pataz”. Este instala puestos de control multisectoriales en rutas mineras clave.
Además, busca garantizar la trazabilidad de minerales y equipos. Por ello, apunta a frenar redes ilegales.
Exclusión del REINFO
En La Libertad, más de 1,000 mineros fueron excluidos del REINFO en 2025. A nivel nacional, las exclusiones superan las 50,000.
Estas medidas buscan cerrar espacios de formalización irregular. En consecuencia, fortalecen el control estatal.
Fortalecimiento legal y desafíos
El Decreto Legislativo 1695 amplió facultades de fiscales y policías. Ahora pueden intervenir extracción, transporte y comercialización ilegal.
Según García, la minería ilegal afecta gobernabilidad y seguridad. Además, representa un riesgo para la salud pública.
Impacto y proyección
El Perú enfrenta uno de los mayores desafíos ambientales y económicos de la región. Asimismo, la magnitud del problema exige más recursos y coordinación.
Finalmente, el objetivo estatal es reducir drásticamente la minería ilegal hacia 2030. En ese sentido, será clave fortalecer controles y alternativas económicas sostenibles.
