La minería ilegal se ha consolidado como la principal amenaza para el sector minero peruano, superando incluso a la tradicional tramitología y la conflictividad social. Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió que esta actividad ilícita ha paralizado proyectos por un valor de US$ 7,000 millones, lo que representa el 10% de la cartera total de inversiones mineras del país.
En declaraciones a RCR, Fuentes señaló directamente a proyectos cruciales en el sur y norte, como Haquira y Los Chancas en Apurímac, así como Michiquillay en Cajamarca, como víctimas de esta amenaza. El alto precio internacional del oro, que excede los US$ 3,700 por onza, actúa como un fuerte incentivo para el crecimiento de esta actividad destructiva.
Piden cierre del REINFO y más presupuesto para la formalización
El IPE identificó al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como la «punta de lanza» de la minería ilegal y demandó su cierre inmediato, junto con el refuerzo de la trazabilidad para desarticular el resto de la cadena de valor ilícita.
Fuentes también contrapuso la eficiencia de la minería ilegal con la lentitud de la formal. Mencionó que la burocracia en proyectos formales puede extenderse hasta 40 años desde la exploración inicial hasta la operación, y criticó la falta de recursos para las entidades reguladoras clave. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) gestiona una cartera minera valorada en US$ 67,000 millones con un presupuesto de apenas S/ 67 millones, lo que exige una mayor priorización y simplificación.
Proyectos clave y crítica a Petroperú
Respecto a la reactivación económica, el especialista sostuvo que la puesta en marcha del proyecto Tía María será un punto de quiebre para dinamizar el sur del país y atraer nuevas inversiones en el contexto de la creciente demanda de metales críticos.
Finalmente, el IPE cuestionó el reciente salvataje financiero a Petroperú, al calificarlo como una emisión de deuda para pagar otra deuda. Fuentes advirtió que esta acción desvía recursos fiscales esenciales que deberían estar destinados al cierre de brechas sociales, señalando que «los que lo vamos a pagar somos todos los peruanos».
