La estructura criminal en el Perú ha sufrido una transformación alarmante. En este sentido, la minería ilegal se ha posicionado como la principal economía ilícita del país. De hecho, esta actividad ya superó al narcotráfico en términos de magnitud y alcance. Así lo alertó Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
El vocero gremial brindó estas declaraciones durante la Semana de la Ingeniería de Minas. Además, señaló que este ascenso criminal ocurrió en un periodo de apenas siete años. Por tal motivo, Ortiz advirtió que este flagelo probablemente mantiene vínculos estrechos con otras redes delictivas internacionales.
Legalidad vs. Informalidad: El costo para la ciudadanía
Asimismo, el representante del IIMP aclaró una confusión frecuente en el debate público. Por un lado, existe la pequeña minería formal que busca cumplir con las normas. Por otro lado, se encuentra la minería ilegal que evade toda responsabilidad. En consecuencia, Ortiz enfatizó que la ley debe aplicarse a todos los actores por igual.
Por otra parte, el ejecutivo resaltó que los pasivos ambientales de la informalidad no desaparecen solos. Al contrario, el costo de remediar estos daños termina siendo asumido por todos los contribuyentes. Por ello, calificó la situación actual como injusta e insostenible para el país.
Reinfo: Un «experimento fallido» en la mira
Respecto al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la postura del IIMP fue contundente. Ortiz calificó este mecanismo como un experimento que perdió totalmente su rumbo inicial. Por consiguiente, instó a las autoridades a trabajar de inmediato en una Ley MAPE que sea responsable. En efecto, se necesita un marco que estimule el crecimiento legal y ponga límites claros a la informalidad.
El desafío electoral y la inversión estratégica
Finalmente, Ortiz hizo un llamado a la responsabilidad política de cara a los próximos comicios. En particular, advirtió sobre la presencia de candidatos que animan la continuidad del Reinfo. Por lo tanto, estos discursos solo fortalecen la ilegalidad y ponen en riesgo la seguridad nacional. En conclusión, la elección marcará el rumbo definitivo para la estabilidad y la inversión minera en el Perú.
