Fuente: Rumbo Minero
La minería ilegal de oro se ha consolidado como una de las mayores amenazas en Latinoamérica, superando incluso a las ganancias generadas por el tráfico de cocaína en países como Perú y Colombia. Según un informe de la Coalición para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Corporativa (FACT) de Estados Unidos, Perú concentra el 44% del comercio ilícito de oro en la región, con una cifra de exportaciones ilegales que asciende a unos US$ 4,800 millones anuales.
El estudio resalta que la minería ilegal de oro es una crisis regional que socava el Estado de derecho y daña gravemente el medio ambiente, además de ser una fuente de financiamiento para el crimen organizado. La alta rentabilidad, combinada con el menor riesgo, ha convertido esta actividad en un negocio atractivo para las redes de contrabando transnacional.
El rol de Estados Unidos y las medidas propuestas
El informe de FACT señala que Estados Unidos es uno de los principales destinos de este oro ilegal, con envíos desde Perú que alcanzaron cerca de US$ 1,000 millones en 2023. La organización propone una serie de medidas para frenar estos flujos ilícitos, incluyendo:
- Aprobar la Ley de Asociación para la Minería y el Oro Legal de EE.UU.
- Incorporar la minería ilegal como un delito precedente de lavado de dinero.
- Establecer sanciones específicas por delitos ambientales.
La minería ilegal no es solo un problema ambiental, sino también una cuestión de seguridad que requiere una acción concertada. La FACT insta a Estados Unidos a actuar para detener los flujos ilícitos que financian a redes criminales y regímenes autoritarios, reforzando la fiscalización para cerrar los vacíos legales que permiten este lucrativo negocio.
