Un fallo judicial emitido el 16 de abril de 2026 ordenó la suspensión temporal del proyecto Vicuña. Además, dispuso retenes policiales para bloquear el tránsito minero en territorio riojano.
La decisión, adoptada por la jueza María Greta Decker, marca un precedente relevante en la industria. En consecuencia, introduce un nuevo factor de riesgo regulatorio para proyectos de gran escala.
El proyecto, desarrollado por BHP y Lundin Mining, es considerado el mayor emprendimiento cuprífero de Argentina. Sin embargo, enfrenta ahora una interrupción crítica en su fase de avance.
Disputa ambiental por acceso sin permisos
El conflicto se centra en el uso de rutas de La Rioja sin autorización ambiental local. Aunque el yacimiento está en San Juan, el acceso operativo se realiza por Guandacol.
Actualmente, más de 600 vehículos circulan por territorio riojano hacia el campamento Batidero. No obstante, según la provincia, ese tránsito carece de evaluación ambiental propia.
En ese sentido, la justicia advirtió riesgos sobre suelos, agua e infraestructura vial. Por ello, consideró necesaria la intervención preventiva para proteger bienes colectivos.
El tramo en disputa abarca aproximadamente 140 kilómetros en zonas rurales estratégicas. Además, incluye áreas cercanas a ecosistemas sensibles y comunidades locales.
Tensión social por empleo y compensaciones
El conflicto también responde a demandas sociales no resueltas. Las autoridades de La Rioja exigen mayor participación laboral y desarrollo económico local.
Según cifras oficiales, solo unos 160 trabajadores riojanos participan en el proyecto. Sin embargo, esa cifra es considerada insuficiente frente al impacto territorial.
Asimismo, los gobiernos locales reclaman inversión en infraestructura y proveedores regionales. En consecuencia, la falta de beneficios tangibles profundiza el conflicto.
Presión energética y disputa interprovincial
En paralelo, el proyecto enfrenta cuestionamientos por el uso de infraestructura eléctrica. Una resolución otorgó prioridad sobre el 90% de una línea de transmisión clave.
Esta decisión generó oposición de empresas, municipios y autoridades regulatorias. Por otro lado, La Rioja cuestiona el carácter excluyente del acceso energético.
En este contexto, el conflicto escaló hacia un escenario multisectorial. De hecho, combina disputas ambientales, sociales y regulatorias en simultáneo.
Impacto en inversión y cronograma
El proyecto Vicuña contempla inversiones por US$ 800 millones solo en 2026. Además, prevé iniciar construcción en el primer trimestre de 2027.
Sin embargo, la paralización judicial introduce incertidumbre sobre estos plazos. En consecuencia, podría afectar decisiones de inversión y financiamiento.
El caso evidencia un desafío estructural en la minería regional. Es decir, la necesidad de alinear territorio, regulación y beneficios económicos.
Un precedente para la minería regional
La suspensión del proyecto Vicuña redefine el escenario para grandes inversiones mineras. Asimismo, refuerza la relevancia de la licencia social y ambiental.
Finalmente, el conflicto podría escalar a instancias judiciales nacionales. En ese sentido, su resolución marcará un precedente para futuros proyectos en Sudamérica.
