Puno – El Gobierno Regional de Puno ha declarado a todo el departamento en situación de emergencia ambiental debido a la expansión sin control de la minería ilegal e informal en siete de sus provincias. La medida, publicada en el diario oficial El Peruano (Ordenanza Regional N° 000015-2025-GRP/GR PUNO), busca frenar el daño ecológico y proteger la salud pública en las zonas afectadas, que incluyen Carabaya, Sandia, San Antonio de Putina, Azángaro, Huancané, Lampa y Melgar.
Las autoridades han dispuesto la activación de mecanismos de control y fiscalización inmediatos, priorizando la remediación de áreas contaminadas y la protección de las comunidades expuestas.
Plan de acción y auge del oro ilegal
Las gerencias regionales de Autoridad Ambiental, Energía y Minas, y Salud tienen un plazo máximo de 60 días (hasta el 22 de diciembre) para formular un Plan de Acción Ambiental Regional de Emergencia. El Gobierno Regional buscará apoyo técnico y financiero del Poder Ejecutivo y organismos internacionales para atender la grave situación.
Edwin Chambilla Palomino, director regional de Energía y Minas, explicó que el auge de la minería ilegal en Puno está directamente ligado al incremento del precio internacional del oro.
Chambilla advirtió que la falta de un marco legal efectivo para la formalización ha exacerbado el problema:
«Solo tenemos un poco más de 5,000 mineros inscritos en el REINFO, de un total de 12,000 que figuraban antes. El resto ha pasado ahora a la fila de los ilegales», señaló.
El funcionario urgió al Congreso a aprobar una Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) que ofrezca herramientas reales de formalización, se adecúe a las realidades locales e involucre a los gobiernos regionales en la supervisión y el control. La falta de regulación, enfatizó, agrava los delitos conexos como la invasión de terrenos y la contaminación.
