El sector minero peruano inicia este año electoral bajo una paradoja inquietante. Las protestas sociales tradicionales muestran una reducción visible. Sin embargo, este escenario no responde a una mejor gestión estatal. Especialistas advierten que la calma refleja un cambio peligroso en el control del territorio. Paola Bustamante, directora de Videnza Instituto, afirma que la minería ilegal captura los espacios de conflicto. Su objetivo es imponer un régimen de impunidad absoluta.
Bustamante analizó esta crisis durante el primer «Jueves Minero» del 2026. La exministra contrastó la dinámica actual con la de 2019. En aquel año, ella lideró el diálogo en el Corredor Vial Sur. Entonces, las demandas sociales dominaban la agenda pública en Cusco y Apurímac. Hoy, el panorama es distinto y mucho más oscuro.
Mutación del conflicto: Del diálogo al control criminal
Para la directora de Videnza, la ausencia de protestas es una señal de alarma. El vacío estatal permitió que la minería ilegal desplace a la protesta organizada.
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Ocupación territorial: Grupos al margen de la ley silencian las demandas que antes buscaban interlocución con el Gobierno.
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Régimen de impunidad: Estas economías criminales no buscan el desarrollo territorial. A diferencia de los movimientos sociales, ellas ignoran el diálogo. Su fin único es controlar recursos y rutas estratégicas.
«La minería ilegal ocupa hoy esa demanda social. Por eso, la conflictividad visible es cada vez menor», sentenció Bustamante ante el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Factor electoral: Inversiones de US$ 63,000 millones en vilo
El diagnóstico de Videnza surge en un momento crítico. Faltan solo dos meses para las elecciones generales. Bustamante subrayó que la estabilidad del sector depende del próximo Gobierno. La predictibilidad a partir del 28 de julio definirá el crecimiento proyectado superior al 5%.
Riesgos para el próximo quinquenio:
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Cartera en peligro: Están en juego 65 proyectos valorados en US$ 63,000 millones.
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Tramitología crítica: El ciclo desde exploración hasta producción alcanza hoy los 40 años. Este cuello de botella exige reformas inmediatas.
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Gobernabilidad: El avance de la minería ilegal amenaza con desestabilizar por completo al sector formal.
Llamado a la acción: Vigilancia en los planes de gobierno
Bustamante instó al sector empresarial y a la ciudadanía a participar en el debate electoral. Exigió compromisos claros a los candidatos presidenciales y legislativos. El próximo Gobierno debe destrabar la gestión de permisos. Además, resulta vital recuperar la presencia del Estado en territorios vulnerables.
La «paz social» actual es solo una fachada frágil. Si el Estado no impone firmeza institucional, la minería ilegal comprometerá el futuro del desarrollo nacional hacia el 2030.
