El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha puesto en marcha una ambiciosa hoja de ruta. El objetivo principal es dotar de orden y predictibilidad al estrato más complejo del sector extractivo. En este contexto, Wilfredo Portilla Barrera, nuevo titular de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), anunció la ejecución del primer Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).
Esta iniciativa busca establecer un «sinceramiento operativo» en todo el territorio. Por ello, el Estado podrá identificar con precisión la ubicación, cantidad e identidad de los actores del segmento. De este modo, se sentarán las bases para una política pública basada en datos reales y no en simples estimaciones.
Reingeniería y simplificación normativa
Asimismo, la gestión de la DGFM se enfocará en eliminar la lentitud administrativa. Actualmente, la burocracia representa el mayor cuello de botella para la inversión formal en pequeña escala. Por tal motivo, Portilla aplicará principios de gestión empresarial para agilizar los trámites vigentes.
Las acciones clave incluyen:
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Optimización Administrativa: Se aplicará una reingeniería para lograr procesos más ágiles.
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Adecuación Normativa: Se simplificarán los dispositivos legales para facilitar el tránsito a la legalidad.
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Sostenibilidad: El enfoque garantizará la preservación de recursos para futuras generaciones.
Desafío regional y el camino hacia la Ley MAPE
Por otro lado, un punto crítico en la agenda es la centralización del acervo documentario. Hasta la fecha, solo siete gobiernos regionales han transferido sus expedientes al MINEM. En consecuencia, la dirección establecerá canales de diálogo directo con las autoridades restantes para evitar la dispersión de la información.
Respecto al marco legal, el funcionario calificó la aprobación de la Ley MAPE como una prioridad institucional. En efecto, su despacho impulsará esta norma en los próximos meses para garantizar los derechos de millones de personas.
“Le vamos a poner el punche para que esto se agilice. Necesitamos una ley que asegure una reingeniería del proceso administrativo”, concluyó Portilla.
En conclusión, la gestión 2026 del MINEM se aleja del asistencialismo. En cambio, se enfoca en la eficiencia técnica y el rigor estadístico. De cumplirse los plazos, la Ley MAPE será el marco jurídico más importante de la década. Finalmente, esto impactará directamente en la competitividad y la paz social de las zonas de influencia.
