La corrupción en el Perú ha dejado de ser un fenómeno aislado para integrarse en el funcionamiento cotidiano del país. En consecuencia, esta situación afecta gravemente la provisión de servicios públicos y la capacidad del Estado para ordenar la economía. Esta fue la conclusión principal del último Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde participó Juan Luis Gargurevich, director de Proética.
Según la XIII Encuesta Nacional de Percepciones sobre Corrupción, el pesimismo ciudadano es evidente. De hecho, dos de cada tres peruanos identifican a la corrupción como el mayor problema nacional. Asimismo, casi el 90% de la población percibe que este lastre ha aumentado en el último lustro.
La normalización de la corrupción
El analista político Iván Arenas señaló que esta percepción ya forma parte del imaginario colectivo. Según su visión, la ciudadanía reconoce que el país funciona bajo esta lógica transaccional. Por su parte, Augusto Townsend, cofundador de Recambio, enfatizó la urgencia de renovar la clase política.
“Necesitamos gente decente para desplazar a los políticos tradicionales. Además, es vital reformar el financiamiento electoral para evitar compromisos oscuros”, aseveró Townsend.
Infiltración del crimen en el Estado
El debate puso especial énfasis en el avance de las economías ilícitas hacia las esferas del poder. En este sentido, Nicolás Zevallos, directivo del Instituto de Criminología, lanzó una advertencia severa sobre la fase crítica que atraviesa el país.
- Participación abierta: Se observa una incursión «expresa y abierta» de actores ilegales en la vida política.
- Impunidad: Estas dinámicas operan sin sanciones efectivas, lo que distorsiona la toma de decisiones públicas.
- Minería Ilegal: Más del 90% de los peruanos la considera un problema grave. No obstante, la mayoría cree que el Estado no responde con eficacia.
Financiamiento electoral: El intercambio de favores
Townsend advirtió que el financiamiento de campañas se ha transformado en un mecanismo de control previo. En otras palabras, entregar fondos a un partido genera una deuda de favores que condiciona la futura gestión pública. Por consiguiente, las decisiones de los gobernantes terminan hipotecadas a intereses criminales o particulares.
Finalmente, los especialistas coincidieron en que solo una fiscalización rigurosa y un voto informado podrán frenar esta erosión democrática. El reto para el próximo Gobierno será recuperar el principio de autoridad frente a economías que hoy desafían abiertamente al Estado de derecho.
