La propuesta legislativa que busca sancionar o transferir al Estado las concesiones mineras calificadas como “improductivas” ha encendido las alarmas en el sector empresarial. En este contexto, destacados especialistas advierten que la medida carece de sustento técnico. Además, señalan que podría desalentar severamente la inversión y abrir paso a actividades ilegales.
Guillermo Shinno, exviceministro de Minas, calificó la premisa de la iniciativa como profundamente equivocada. Asimismo, explicó que la minería no es una actividad que se implemente de forma inmediata. Por el contrario, un proyecto requiere de campañas de exploración y estudios de factibilidad que suelen superar la década de trabajo.
El Estado: El principal generador de retrasos
Por otro lado, Shinno enfatizó que la lentitud en el desarrollo de proyectos no suele ser responsabilidad del titular minero. En efecto, el propio Estado genera cuellos de botella mediante una gestión de permisos ineficiente. “Por un lado se promociona la inversión, pero por otro, los permisos son mañana, tarde y nunca”, sostuvo el exfuncionario.
En consecuencia, la aprobación de esta norma no solo debilitaría la confianza del inversionista. De este modo, también se comprometería la recaudación fiscal futura. Ciertamente, el país depende de estas concesiones para hallar grandes proyectos que sustenten la economía nacional frente a intereses particulares que buscan tomarlas sin costo.
Desconocimiento del ciclo minero y riesgos de generalización
En la misma línea, Luis Humberto Chirif, expresidente del Ingemmet, coincidió en que el término «improductiva» es inexacto. Por tal motivo, recordó que existen etapas fundamentales de búsqueda de financiamiento y redefinición técnica. Por consiguiente, estas fases no implican que no se esté realizando gestión minera efectiva.
Las principales preocupaciones de Chirif incluyen:
- Generalización Normativa: La ley no puede tratar todos los casos bajo una misma etiqueta sin un análisis diferenciado.
- Impacto en la Confianza: El solo anuncio de recortar o redistribuir concesiones daña la imagen del Perú ante el capital global.
- Incertidumbre Legal: Se genera un ambiente de riesgo que paraliza la toma de decisiones estratégicas.
Consecuencias para la competitividad del Perú
Finalmente, los especialistas coinciden en que la propuesta es un retroceso para la competitividad minera. En conclusión, forzar plazos sin considerar la realidad geológica y administrativa solo conducirá a decisiones equivocadas. Por lo tanto, instan a las autoridades a fortalecer la institucionalidad en lugar de implementar medidas que vulneren los derechos adquiridos de los inversionistas.
