A pesar de su creciente impacto en la economía y la seguridad del país, la minería ilegal no logra posicionarse como un eje central en la actual campaña electoral peruana. La limitada atención que recibe el tema en los planes de gobierno evidencia una brecha entre la magnitud del problema y la respuesta política.
Un reciente análisis del Observatorio de Minería Ilegal revela que solo 12 de los 35 partidos políticos han incorporado propuestas específicas para enfrentar esta actividad. En contraste, una proporción significativa de agrupaciones mantiene un enfoque superficial o, directamente, omite el tema.
En detalle, 13 partidos mencionan la minería ilegal sin desarrollar medidas concretas, mientras que 10 no la consideran dentro de sus ejes programáticos. Este patrón sugiere una falta de priorización frente a una actividad que ha escalado tanto en alcance como en complejidad.
Señales contradictorias desde el ámbito político
El escenario se vuelve más complejo al considerar algunas iniciativas promovidas en el ámbito legislativo. Propuestas vinculadas a la ampliación del REINFO o ajustes a la normativa minera han generado críticas desde distintos sectores técnicos.
Especialistas advierten que ciertas medidas podrían debilitar los esfuerzos de formalización y control. En esa línea, el abogado ambientalista César Ipenza ha señalado que algunas posturas dentro del debate político incluso plantean flexibilizar el tratamiento legal de esta actividad, lo que podría resultar contraproducente.
Un problema de alto impacto económico y criminal
La escasa atención política contrasta con las dimensiones económicas de la minería ilegal. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, esta actividad moviliza cerca de US$ 12 mil millones anuales, consolidándose como una de las principales fuentes de economías ilícitas en el país.
A ello se suma su vinculación con redes de criminalidad, lavado de activos y episodios de violencia, así como su expansión progresiva hacia nuevas zonas, incluyendo áreas urbanas, lo que incrementa los riesgos para la gobernabilidad.
Presión creciente en el debate electoral
En paralelo, la preocupación ciudadana por el avance de la minería ilegal continúa en aumento, especialmente ante la percepción de una respuesta estatal insuficiente.
En este contexto, la ausencia de propuestas sólidas por parte de la mayoría de partidos podría convertirse en un factor de presión durante la campaña, en la medida en que el electorado demande políticas más claras y efectivas frente a una de las problemáticas más complejas del país.
