La Comisión Permanente del Congreso de la República debatirá mañana, miércoles 17 de diciembre, la segunda y definitiva votación del proyecto de ley que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Esta discusión tiene lugar tras la aprobación en primera votación del texto sustitutorio el pasado 4 de diciembre.
El proyecto busca extender la vigencia del REINFO hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entre en vigor la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), lo que ocurra primero.
Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Parlamento, dispuso la sesión para abordar una agenda de alto impacto que incluye, además del REINFO, las denuncias constitucionales 563 y 618 contra la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela.
Modificación clave y alcance del debate
La sesión incluirá el debate de varios proyectos de ley (11871, 11885, 12727, 12871 y 12973) que buscan modificar el Decreto Legislativo 1293. Esta norma declara de interés nacional la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.
Las iniciativas, impulsadas por diversas bancadas (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Podemos Perú, Bloque Magisterial y la Bancada Socialista), buscan específicamente extender el proceso de formalización minera integral.
Puntos aprobados y rechazados en primera votación
El Pleno ya había aprobado el texto sustitutorio en primera instancia con 60 votos a favor. Sin embargo, en votaciones separadas, se tomaron decisiones determinantes:
- No Reincorporación: El Pleno rechazó reincorporar a los 50 mil mineros depurados del registro, cuyos trámites quedaron sin efecto por incumplimientos normativos.
- Continuidad de Trámites: También se desestimó la disposición transitoria que establecía la continuidad de trámites para el proceso de formalización integral.
El texto aprobado sí incluye medidas de control y transparencia:
- Realización obligatoria de un Censo Minero Nacional a cargo del INEI.
- Proceso de sinceramiento de la ubicación de las operaciones mineras.
- Establecimiento de plazos estrictos para que los gobiernos regionales transfieran al MINEM el acervo documentario del proceso.
