Cajamarca – La vocera del Observatorio de Minería Ilegal, Karina Garay, advirtió que la inestabilidad política y la inacción legislativa en el país podrían conducir a una nueva prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), extendiéndolo por seis meses o incluso un año más a partir del 31 de diciembre. Garay señaló que esta medida, concebida como temporal, solo beneficiaría a operadores informales y debilitaría la fiscalización y el control en el sector.
Cajamarca en riesgo: Minería ilegal amenaza proyectos formales
Garay lanzó una alarma específica sobre el avance de la actividad ilegal en Cajamarca, especialmente en zonas críticas como Chugur, El Tingo y Sinchao. La dirigente instó al Gobierno, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a reforzar de manera coordinada las acciones de control, incluyendo el decomiso de insumos.
La vocera alertó que la expansión ilegal en la región pone en riesgo proyectos formales y responsables que son cruciales para la inversión y el desarrollo, citando a Yanacocha Sulfuros, Michiquillay y La Granja.
«Muchos de los mineros ilegales han invadido proyectos formales. ¿Qué preferimos? ¿Que estén quienes trabajan legalmente o que ingresen los ilegales?», cuestionó Garay, y recordó la alta vulnerabilidad de Cajamarca por su cercanía con Pataz (epicentro de la minería ilegal aurífera) y la frontera con Ecuador, puerta de ingreso de maquinaria y personal con experiencia en extracción ilícita.
Parálisis legislativa y avance del crimen organizado
La crítica de la vocera se centró en la ineficacia del Congreso, que, a su juicio, no solo ha fracasado en legislar de manera efectiva contra la minería ilegal (dejando la Ley MAPE en stand-by), sino que también ha “favorecido el desorden” mediante acuerdos con gremios informales.
Garay concluyó que esta inestabilidad política está siendo aprovechada por la minería ilegal y el crimen organizado, lo que no solo afecta la economía y el medio ambiente, sino que también representa un grave riesgo para la salud pública y la confianza en futuras inversiones.
